La brecha que separa las dos Galicias , esa línea imaginaria que divide la franja atlántica de la región interior, gana profundidad a pasos agigantados. El desequilibrio, a ojos de las estadísticas que informan sobre el estado de los concellos que están a uno y a otro lado de la frontera, es alarmante. Hay una parte de la población -casi la mitad- que reside en las siete ciudades gallegas y que se expone a alquileres por encima de los 600 euros al mes, en una espiral alcista que parece no tener fin y que este año ha contemplado una subida media en los arrendamientos del 10 por ciento. En este escenario eminentemente urbano, el problema de la vivienda es el gran protagonista. Como ejemplo, cuatro municipios gallegos aparecen en el top 100 de ciudades con más demanda de alquiler en España . La distribución de la población en esta comunidad, con más del 70% de sus vecinos concentrados en la quinta parte del territorio, pone el foco en la grieta que aleja a la Galicia urbana de la más rural y apartada . Mientras la demanda habitacional se desborda en las provincias de La Coruña y Pontevedra, en el interior gallego el problema es tener acceso a un cajero o una farmacia. En el peor de los casos, incluso a un hospital o una pequeña tienda de comestibles. La alarma la hizo sonar, de nuevo, el Consello de Contas esta misma semana. A través de un completo informe sobre el reto demográfico al que se enfrenta la Comunidad gallega, el ente fiscalizador advierte de la desigualdad entre territorios y da un tirón de orejas a las administraciones por la gestión de esta sangría . En primer lugar, advierten, porque se parte de una nomenclatura poco concreta. «¿Qué es el reto demográfico?» se pregunta el documento, que insiste en que no existe en la normativa autonómica una definición de qué se considera como tal, los parámetros que lo definen o los requisitos para tener la consideración de municipio en reto demográfico. Como punto de partida, existen cuatro elementos nucleares a la hora de analizar el riesgo de desaparición de los municipios. Según recoge el citado informe, se trataría del censo del concello, cuando este sea inferior a 5.000 vecinos; de que las defunciones superen en, al menos, un 10 por ciento a los nacimientos; de que la tasa de variación de habitantes entre 2016 y el 2021 sea de 0; y de que su densidad de población baje del 20 por ciento. Sobre estos parámetros, el documentos publicado por Contas pone nombre, apellido y rostros a todos los concellos gallegos cuya supervivencia está en entredicho, la mayoría (86), en las provincias de Lugo y de Orense. Un análisis más pormenorizado de la realidad demográfica gallega, atendiendo a los datos recopilados, revela que hay concellos como Negueira de Muñiz, en la comarca de A Fonsagrada, en el que sus vecinos no disponen de un servicio de ambulancia, ni de una tienda de alimentos, ni de un cajero, ni de una farmacia . Para acceder a ellos deben desplazarse a una localidad vecina. Y para llegar al hospital público más cercano, tienen que conducir 52 minutos. El de Negueira es uno de los casos más extremos, pero no el único. En el ayuntamiento orensano de Chandrexa de Queixa las urgencias hospitalarias más próximas están a 77 minutos en coche y no cuenta con un transporte público con líneas diarias. En Ribeira de Piquín (Lugo), tampoco hay ningún supermercado ni tienda de alimentos, ni transporte público diario. Los ayuntamiento integrados en esta lista, en la UCI demográfica, también cojean en otras variables como la distancia a una consulta de pediatría, el servicio de taxi , o la distancia a recorrer a una localidad designada como capital de comarca. En el capítulo de recomendaciones posterior a la radiografía de la situación, el Consello de Contas emite varias recomendaciones encaminadas a evitar la desaparición de estos núcleos de población. Uno de los pilares de este problema es, precisamente, la financiación. En este sentido, el texto reprocha que «la concesión de ayudas para el Reto demográfico por el Estado por medio de una convocatoria de reciente creación llegó solo a 12 ayuntamientos» y reconoce que se debería «simplificar la participación de las entidades locales de menor población» a la hora de acceder a determinadas ayudas. E insiste en la necesidad de dotar de personal con competencias para asumir el reto en los pequeños municipios teniendo en cuenta la «excesiva carga administrativa para presentar solicitudes de ayuda y justificarlas». En el fondo del informe, queda una reflexión sobre la pérdida de población y sus consecuencias, con la que los autores anotan dos cuestiones no menores. De un lado, el concepto de «fuga de cerebros» como pérdida de las personas jóvenes, «a priori más preparadas». Del otro, el «derecho de permanecer» o el planteamiento de la opción a residir en el rural «en condiciones análogas o suficientes» . Un complejo equilibrio, por el momento, alejado de la realidad de miles de gallegos.
