El Partido Popular no va a dejar pasar el Gran Hermano Turístico que ha impuesto recientemente el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande- Marlaska y ha anunciado una ofensiva en lo que queda de este mes y el próximo de enero en las que presentará mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones, consells, juntas generales y cabildos exigiendo. En ellas, pedirá la retirada inmediata de ese Gran Hermano Turístico. El PP también pide la elaboración de forma consensuada con el sector y los distintos operadores de una nueva legislación que garantice la competitividad.
La moción denuncia la inseguridad jurídica que provoca el Gran Hermano Turístico –aprobado por el Gobierno a través del real decreto por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor–, la desproporcionada carga administrativa que comprende, la desventaja competitiva para España, la inadecuación de la tecnología diseñada y la vulneración del derecho a la propia intimidad y privacidad de turistas y usuarios que lastra de forma severa uno de los sectores capitales para la economía española como es el turístico. Mientras, Grande-Marlaska se defiende y ha asegurado en varias ocasiones que este nuevo registro turístico lo que está permitiendo es identificar a fugados delincuentes.
El PP recuerda en la moción que el Gobierno ha aprobado el RDL 933/2021 contra la opinión y los intereses del sector y engañando a sus representantes, con quienes se comprometió el pasado 4 de octubre a llegar a un acuerdo, algo que no ha hecho. Asimismo, advierten de que "el Ejecutivo no ha tenido en cuenta las reiteradas advertencias del sector sobre los riesgos para los viajeros y para la reputación internacional de España". Por ello, los de Feijóo entienden que esta ley "provoca una fuerte inseguridad jurídica e ignora la complejidad operativa de recopilar tanta carga de datos, incluso antes de la prestación del servicio, lo que de hecho hace que sea casi de imposible cumplimiento". Esta situación provoca además una "desventaja competitiva respecto del mercado europeo, ya que se imponen obligaciones a las empresas que las legislaciones nacionales de otros Estados europeos no imponen".
El sector denuncia, además, que la infraestructura tecnológica diseñada por el Gobierno de Sánchez y Marlaska para poder cumplir las obligaciones de registro no funciona ni está operativa, constatando una vez más la incapacidad del Ejecutivo socialista para facilitar el cumplimiento de sus propias iniciativas.
Los populares recuerdan que la medida del Gobierno "vulnera la normativa europea con la recolección y almacenamiento masivo de datos que no respeta el principio de mínima intervención y supone una intromisión muy grave en la propia intimidad y privacidad de turistas y usuarios".
Esta iniciativa también afecta a los ciudadanos españoles que hagan turismo o se desplacen por cuestiones laborales dentro del país, ya que están igualmente obligados a proporcionar una cantidad de datos personales significativamente mayor a la actual al llegar a su alojamiento, afectando a su experiencia y vulnerando su privacidad. Subrayan que "la desproporcionada carga administrativa, hasta más de cuarenta datos, triplica los datos que se exigían hasta el momento y, en el caso de entidades que alquilan vehículos a motor, más de ochenta datos". Además, recuerda que impone la recolección de información en transacciones de pago, datos que solo tienen los proveedores de servicios de pago, como estipula la normativa europea.
Por último, el incumplimiento de estos requisitos podría derivar en sanciones de hasta 30.000 euros para los hoteleros, "algo que añadiría presión a su trabajo diario y podría repercutir en el servicio ofrecido a los turistas".
