Oficialmente le llaman Ley de Autorización de Defensa Nacional, la aprueban cada año, su volumen siempre va en aumento y desde el propio título la acompaña un embuste, porque buena parte de ese presupuesto está dedicado a hacer la guerra a otros o subvencionar la guerra de otros.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por 281 votos frente a 140 la enorme suma de 895 000 millones de dólares como presupuesto del Pentágono. Tras el visto bueno de 200 republicanos y 81 demócratas, pasó esta semana al Senado, que hizo otro tanto por 85 a favor y solo 14 en contra. Solo le falta el paso final y ya está en el escritorio del Despacho Oval de la Casa Blanca para que el presidente guerrero Joseph Biden la firme.
Y si pensamos que este enorme pedazo del pastel en que dividen los gastos federales del Estado es suficiente para el capítulo guerra-defensa, se equivocan, pues el analista de defensa Winslow Wheeler considera que el gasto de seguridad nacional de EE. UU. para 2025 llegará a 1,77 billones de dólares cuando se sumen los dineros del Departamento de Asuntos de los Veteranos y los de «emergencia».
Estos últimos son los montos adicionales que financian guerras, como la de Ucrania y el genocidio que Israel ejecuta contra Palestina y países vecinos, que complementan intereses geoestratégicos, económicos y hegemónicos de Estados Unidos en otras regiones del planeta muy lejos de sus fronteras territoriales. También invierten en el rearme militar de Taiwán y otros puntos de interés donde garanticen su poderío imperial. Recuerden que en abril de este año de desastres Biden le dio el visto bueno a la «emergencia» de 95 000 millones de dólares destinados a la ayuda militar para Ucrania, Israel, Taiwán y Filipinas.
La incongruencia de ese presupuesto —de hecho aprobado por legisladores que reciben fondos de las industrias bélicas, las que pagan por igual campañas electorales o viajes privados— estriba en que a quienes dieron el sí en la Cámara y en el Senado poco les importa que el Departamento de Defensa no ha sido capaz de pasar la séptima auditoría que se le hace desde 2018; en este 2024 suspendieron ese examen de control de los gastos dos tercios de sus agencias, lo que no ha sorprendido a nadie.
Añada también este punto en contra a un Estado que se las da de juez de las corrupciones en el mundo: los 1 700 auditores que intentaron frenar al «mamut» gastaron a su vez 178 millones de dólares revisando los numeritos en dólares de las 28 agencias del Pentágono, de las cuales solo nueve lograron tener finanzas confiables, según comentó Libertarian Institute en su página web.
Poco importa el despilfarro, porque este es base del lucrativo negocio que propicia, cuando menos, la inestabilidad del planeta y en su condición más terrible, las guerras.
Con plena conciencia de la situación, aunque inútilmente por los resultados, dos representantes demócratas, Mark Pocan, de Wisconsin, y Barbara Lee, de California —copresidentes y cofundadores del Caucus de Reducción del Gasto de Defensa—, en una declaración conjunta apuntaron a la esencia: «Una y otra vez, el Congreso parece ser capaz de encontrar los fondos necesarios para llenar los bolsillos de los contratistas de defensa, mientras descuida los problemas que enfrentan todos los estadounidenses aquí en casa», a lo que agregaron: «En lugar de luchar contra el aumento del costo de la atención médica, la gasolina o los alimentos, este Congreso priorizó recompensar al complejo militar-industrial rico y bien conectado con fondos aún más irresponsables» (…) «Es hora de que el Congreso exija responsabilidad al Pentágono», los citó commondreams.org.
Hace más o menos un par de meses, el Pentágono reveló que dos de sus mayores contratistas, líderes en recibir los beneficios del constante rearme estadounidense, Boeing y Raytheon, le habían cobrado cantidades excesivas por piezas de repuesto o materiales gastables para algunos de los equipos que suministran a sus repletos arsenales.
Confieso que no conocía de un antecedente similar en la decisión que el Departamento de Justicia tomó este año al imponerle una multa de 1 000 millones de dólares a Raytheon porque defraudó al Departamento de Defensa cuando le presentó una factura inflada en contratos, sobrefacturación que ascendía a 111 millones más de los que debieron haber pagado, como si no le resultaran suficientes las ganancias de solo una de esas transacciones, la otorgada en septiembre de este año que ascendió a 1 200 millones de dólares para producir misiles avanzados aire-aire de alcance medio AMRAAM, que se fabricaron en Tucson, Arizona, y que son el armamento principal de los aviones de combate F-15, F-16 y los F-22 de quinta generación y del sistema tierra-aire NASAMS.
En esas «mordidas» de mercachifles, Boeing no se quedó atrás y un informe del inspector general del Pentágono sobre el cobro de un millón de dólares de sobreprecios en la venta de 46 tipos de piezas de repuesto del avión de transporte estratégico rápido de tropas y suministros C-17 Globemaster —que incluían el precio de los dispensadores de jabón para sus baños a 80 veces el valor de mercado, por ejemplo—, cuando el Pentágono ha otorgado a Boeing contratos exclusivos por más de 34 000 millones de dólares solo para el C-17 Globemaster desde 2011. Mercachifles, sí. En ese agio evidente donde apenas fue examinada una pequeña cantidad de piezas de repuesto.
Pero si hay una muestra de la corruptela habitual existente en las administraciones estadounidenses, lo que se conoce como «revolving door» (puerta giratoria), el Departamento de Defensa es el ejemplo más notable. Citemos solo el que aquí compete: Lloyd Austin, el secretario de Defensa durante los cuatro años de Biden, llegó a ese cargo desde su anterior empleo como ejecutivo de Raytheon, después de haberse retirado del ejército con el rango de general.
Apenas hemos mencionado a dos de las cinco empresas «mamut» del Complejo militar-industrial de EE. UU., que además dominan ese negocio a nivel mundial. Las otras son la Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamic.
Realmente, estas son apenas chispas en el enorme negocio que constituye el centro de la inestabilidad mundial, que propicia crisis, tensiones y reproduce los conflictos, hasta transformarlos en una guerra permanente. Si 2024 ha sido impactante en ese campo de la geopolítica en un horizonte regional, 2025 parece destinado a una catástrofe a nivel global si tomamos en cuenta los acontecimientos que se van agolpando y multiplicando.
El paquete que espera solo la firma de Biden incluye más de 500 millones de dólares en ayuda militar israelí, adicionales a los 3 800 millones habituales que le entregan cada año; pero recorta más de 621 millones de los que se habían solicitado para iniciativas de acción climática.
Las necesidades humanas críticas no cuentan en estas cuentas, porque pesan más los intereses que respaldan un Pentágono desenfrenado en sus gastos, sumergido en el despilfarro y en el fraude.
El senador independiente Bernie Sanders —quien ya anunció que la que comienza en enero de 2025 será su última legislación— sentenció en una declaración previa a la aprobación del presupuesto del Pentágono: «No podemos permitirnos construir más viviendas, no podemos permitirnos proporcionar cuidado infantil de calidad a nuestros hijos o apoyar la educación pública, o proporcionar atención médica a todos, pero cuando el complejo militar-industrial y todos sus lobistas bien pagados llegan marchando al Capitolio, de una manera u otra, hay dinero más que suficiente para que el Congreso les proporcione prácticamente todo lo que necesitan».
