Pese al apoyo puntual del PNV y Junts, junto a Vox, a la derogación del impuesto energético, en el PP descartan una votación contra el presidente del Gobierno a la espera de que sea imputado mientras afianzan su defensa de Mazón por la dana de València
PNV y Junts se suman a PP y Vox para liquidar el impuesto a las energéticas y dificultar que el Gobierno lo prorrogue vía decreto
“No dan los números”. Así despejan en el PP las preguntas de la prensa sobre una posible moción de censura contra Pedro Sánchez. La frase la dijo el propio Alberto Núñez Feijóo esta misma semana en una conversación informal con periodistas. El mismo Feijóo que hace justo un mes pedía el apoyo de los socios del Gobierno para echar al presidente, que tentó con los indultos a Junts y PNV para su propia investidura en 2023, que lanza habituales mensajes laudatorios hacia las derechas catalana y vasca, cree que solo los tribunales podrán impedir que el líder socialista agote su tercer mandato.
Feijóo lanzó la piedra, pero escondió la mano enseguida. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo en octubre que ella “con quienes desprecian a España no iría a ningún lado, no son de fiar”. Tras las palabras de Feijóo, aseguró: “Con el nacionalismo no quiero nada”. La semana pasada, en la Conferencia de Presidentes, visiblemente incómoda optó por no responder a las preguntas sobre un posible entendimiento de su partido con Junts.
“No dan los números” es el mantra, incluso después de que Vox se haya abierto a apoyar una moción de censura técnica para ir a elecciones. El PP tampoco desvela qué hará si la iniciativa de Junts para que Sánchez se someta a una moción de confianza contará con su apoyo. El temor que tienen es que ambas votaciones deparen resultados favorables al Gobierno, y así lo expresó Feijóo este miércoles en la tradicional 'copa de Navidad' del PP: “No tengo interés en confirmar al Gobierno”.
En el PP prevén un “infierno judicial” para Sánchez en 2025. Y confían en sus consecuencias políticas. En la dirección nacional de la madrileña calle de Génova se ha instalado la idea de que el presidente del Gobierno puede terminar imputado el año que viene. No tienen claro en qué causa. Pero igual que en su momento intentaron rebautizar como ‘caso Tito Sánchez’ el conocido como ‘caso Tito Berni’, sin ningún éxito, ahora esperan que las causas por fraude contra el empresario Víctor de Aldama, las derivadas que salpican a José Luis Ábalos y Koldo García por las mascarillas, o las investigaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, conduzcan a un suplicatorio del Tribunal Supremo al Congreso para imputar a Sánchez. Y de ahí, a elecciones.
Feijóo volvió a acusar al Gobierno de intentar amedrentar a los jueces, de atacar a quienes están investigando al PSOE y al entorno del presidente. Si hace unas semanas Pedro Sánchez aseguró que algunos magistrados le hacen “oposición” y que el PP “juega con las cartas marcadas”. Es decir, que tiene información anticipada sobre las causas que se instruyen en diferentes tribunales. En algunas de ellas, el PP está personado como acusación popular.
Este mismo viernes, una jueza de Madrid citó a Pedro Sánchez a una conciliación por una demanda de la pareja de Ayuso después de que el presidente del Gobierno dijera que “la Fiscalía persigue al delincuente” en defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
“Sánchez va a caer sí o sí”, es el mantra que repiten incansables en el PP. Y a Sánchez no le va a quedar más remedio que disolver las Cortes y convocar elecciones “para cortar la hemorragia” de pérdida de votos provocada precisamente por los escándalos judiciales, en palabras del líder de la oposición. Feijóo llegó a tildar el miércoles al presidente de “paciente en la UCI que empeora de forma ostensible y sin previsión de alta”. Y si al final resulta imputado, no le quedará más remedio que llamar a los españoles a las urnas.
El PP nacional replica así los mensajes que se fabrican en la segunda planta Génova, 13, donde tiene su sede el partido de Isabel Díaz Ayuso. Las cuñas llegan a las plantas altas casi según se generan. Este mismo jueves, el director de Gabinete de la presidenta señaló a Sánchez con su ya mediático “pa’lante” y le llamó corrupto y dictador.
En las plantas nobles de Génova han asumido la tesis de la “operación de Estado” contra Ayuso por las investigaciones abiertas contra su pareja, quien confesó a la Agencia Tributaria varios delitos tributarios. Este mismo viernes, la emergente vicesecretaria Ester Muñoz dijo que la Fiscalía está “para investigar delitos, no para cometerlos y después borrar las pruebas”, en referencia al fiscal general, Álvaro García Ortiz.
Todo, mientras la Audiencia Nacional investiga las operaciones del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el independentismo catalán o contra Podemos. O mientas la Justicia condena al exvicepresidente económico de los Gobiernos de Aznar, Rodrigo Rato, a casi cinco años de prisión por sus trampas fiscales.
“Hay que estar preparado para cualquier cosa”, le dijo Feijóo a un puñado de sus barones autonómicos el pasado lunes. El líder del PP convocó a su Comité Ejecutivo Nacional a una reunión que tuvo muchas más ausencias que presencias, y advirtió de que 2025 sería “un año muy intenso” para ellos. “No me digáis que no lo estoy avisando”, les espetó.
En el calendario no está prevista ninguna convocatoria electoral para 2025. La primera en el horizonte será la de Castilla y León, casi en la primavera de 2026. Pese a los problemas parlamentarios que arrastra, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha descartado completamente un adelanto.
No es descartable que alguna comunidad sí vaya a las urnas, por ejemplo Extremadura o Baleares. Pero no es en eso en lo que piensa Feijóo, que descartó ante los periodistas que quiera presionar a sus barones para impedir que el PSOE pueda vivir un año en blanco de elecciones. Si el Gobierno logra los Presupuestos Generales de 2025, y en el PP lo ven factible, un año completo sin convocatorias puede permitir a Sánchez respirar y rearmarse. De ahí la importancia del frente judicial para Feijóo.
Feijóo también ha asumido la política de bloques contra la que él mismo se pronunció. Era 2020, al frente del PP estaba Pablo Casado y el por entonces presidente de la Xunta de Galicia pedía “políticas de Estado” para su propio partido, además de “moderación y encuentro”.
Lo hizo también al final de su primer año como líder nacional del PP. Y antes de las elecciones del 23 de julio de 2023, cuando pidió “romper los bloques en la sociedad y en la política”.
Pero el líder del PP sostiene ahora que España ha pasado “del bipartidismo” que imperó desde los años 80 del siglo pasado, al actual “bibloquismo”. Es decir, dos “bloques” confrontados condenados a no entenderse. Y en el bloque de la derecha está Vox, ya completamente naturalizado para el PP.
La diferencia con la anterior época es que quienes fueron bisagra entre el PP y el PSOE, hoy por hoy no lo son. Al menos de momento. Ni el PNV ni la familia postconvergente que ha tomado las riendas de Junts están en disposición de apoyar a las derechas españolas salvo en momentos puntuales.
Ha ocurrido en algunas votaciones en esta legislatura, especialmente cuando las negociaciones presupuestarias están en su apogeo, con el impuesto a la generación eléctrica y el de las energéticas como principales conquistas. PNV y Junts sumaron sus votos a PP y Vox pese a haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno para el paquete fiscal.
El PP padece cierta dicotomía en su relación con los nacionalismos de derechas vasco y catalán. Un día son “golpistas” y “enemigos de España” y otro pueden ayudar a una investidura o prestar votos para contrarreformas fiscales. Un dirigente del PP puede presumir de negociar “con todos, menos con Bildu” y otro jurar y perjurar que no ha intercambiado papeles con los de Carles Puigdemont casi a la vez de que un tercer compañero confirma que sí, que obviamente hay conversaciones.
El caso de las enmiendas al paquete fiscal es paradigmático. El PP negó el miércoles cualquier negociación y quiso convencer a la prensa de que los posibles votos coincidentes serían una “casualidad”, mientras Miguel Tellado confirmaba los contactos.
El miércoles, Feijóo acusó a los socios de Sánchez de ser “cómplices” del presidente. “El PNV ha decidido ser un aliado estructural del Gobierno”, lamentó. Y añadió: “Junts al menos es coherente con su programa económico”.
Feijóo sostiene que “en el bloque de la derecha hay una estabilidad enorme” en el voto. Lo que cambia, defiende, es “cómo se reparte” entre el PP y Vox. Y en este momento, el trasvase en la derecha es a favor de Vox.
El motivo es la DANA de València del pasado 29 de octubre y la gestión de las riadas, en las que murieron al menos 223 personas. El líder del PP titubeó en los primeros días, pero al final optó por cerrar filas con el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien estuvo desaparecido buena parte de la trágica jornada de octubre.
Feijóo defendió el miércoles ante los periodistas que Mazón “no tenía competencia” alguna en materia de emergencias pese a ser el presidente del Gobierno autonómico. De hecho, el líder del PP señaló expresamente como responsable de la tragedia al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, de quien criticó no haber “escuchado su voz”.
Según la tesis del líder del PP, el organismo estatal no dio la información precisa a la Generalitat y, por eso, no se tomaron las medidas oportunas el 29 de octubre. A Feijóo le da igual que la Universidad de Valencia hubiera cancelado las clases ya el día de antes, decisión que Mazón consideró exagerada; también que la televisión pública valenciana emitiera durante horas las riadas que, desde la mañana, anegaban buena parte de la provincia; o que los ayuntamientos de la zona lanzaran alertas por su cuenta para avisar a sus vecinos de la magnitud de lo que venía.
Feijóo disparó por elevación. La culpa es de Polo y, por tanto, de quien lo nombró: Teresa Ribera. La exvicepresidenta del Gobierno y hoy ‘número dos’ de la Comisión Europea sigue en el centro de la diana del PP, que se empleó a fondo en Bruselas para tumbar su candidatura. Sin éxito.
Feijóo sostuvo ante los informadores parlamentarios que el PP subirá con respecto al ciclo anterior en todas las comunidades autónomas, salvo en las que tiene mayoría absoluta. Y en la Comunidad Valenciana, donde las encuestas refuerzan a Vox en el bloque de la derecha.
El líder del PP cree posible recuperar votos de aquí a 2027, cuando se debería decidir si Mazón repite o no como candidato. Para defender a su barón, Feijóo ha optado por poner en duda la actuación de la Justicia en su afán por investigar las posibles responsabilidades en la gestión de la DANA.
Los tribunales valencianos tenían abiertas hasta siete piezas, y la Fiscalía provincial ha informado a favor de agruparlas todas en una sola que instruya el Tribunal Superior de Justicia.
Una decisión que Feijóo y Tellado atribuyeron expresamente al fiscal general. Para ello se apoyaron en una información de OkDiario que reveló una supuesta cena de Álvaro García Ortiz con los fiscales provinciales.
“Yo si fuera el fiscal general del Estado me preocuparía más por mi situación que por la de Mazón”, dijo Feijóo, quien restó importancia a las investigaciones: “No he visto que se señale directamente a Mazón, son una serie de querellas que se pasan al juzgado de instrucción y nada más”. Tellado habló expresamente de “maniobra muy burda” de García Ortiz, exfiscal de Medio Ambiente en Galicia durante los mandatos de Feijóo. Porque la acción de la justicia es cuestionable, o no, en función de contra quién se dirija.
