Una de las últimas propuestas del Congreso de Estados Unidos podrían transformar de manera notable la política migratoria del país. Un nuevo proyecto de ley, impulsado por el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, busca reformar la Decimocuarta Enmienda, lo que implicaría la eliminación de la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense. Esta propuesta genera un intenso debate sobre los derechos de los inmigrantes y el futuro de la legislación migratoria en el país.
Esta medida, que ya está generando intensos debates en todo el país, busca modificar una práctica que ha estado arraigada en la sociedad de EE. UU. La iniciativa refleja una postura cada vez más restrictiva hacia la inmigración ilegal, abordando directamente una de las cuestiones más sensibles y controvertidas de la política actual: la ciudadanía por nacimiento.
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El proyecto de ley propuesto busca modificar los criterios para obtener la nacionalidad en Estados Unidos. Actualmente, la Decimocuarta Enmienda de la Constitución garantiza la ciudadanía a la mayoría de los niños nacidos en el territorio estadounidense. Sin embargo, la propuesta de Lindsey Graham introduce una excepción significativa: los hijos de padres sin estatus legal no tendrían automáticamente derecho a la ciudadanía.
El argumento que respalda esta propuesta se fundamenta en que la legislación actual fomenta la inmigración ilegal, permitiendo que los padres obtengan beneficios a través del estatus legal de sus hijos nacidos en Estados Unidos. Los defensores del cambio, incluido el senador Graham, argumentan que este sistema ha sido explotado durante décadas y que es urgente una reforma para proteger la integridad de la política migratoria nacional.
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Asimismo, el senador ha expresado una crítica contundente hacia las políticas migratorias del gobierno de Biden-Harris, que, según su perspectiva, han propiciado un incremento considerable de la inmigración ilegal. Alega que en los últimos tres años y medio se han registrado más de 8.3 millones de interacciones con inmigrantes ilegales en la frontera sur, evidencia que para él refleja el fracaso de las políticas actuales.
Bajo el nuevo proyecto, la ciudadanía por nacimiento se limitaría a los niños cuyos padres sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales en el momento del nacimiento del niño. Este cambio no solo redefine quién es considerado ciudadano por nacimiento, sino que también pone un freno considerable a la denominada "migración de anclaje".
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La propuesta, aunque respaldada por varios legisladores republicanos, ha desencadenado una ola de críticas y preocupaciones. Organizaciones de derechos civiles y grupos pro-inmigrantes advierten que esta medida podría crear una subclase de residentes sin ciudadanía, vulnerando principios fundamentales de igualdad y justicia. Además, destacan que esta medida podría enfrentar desafíos legales significativos, dado que modifica un derecho incluido en la Constitución por más de 150 años.
