La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este viernes al Estado salvadoreño por incurrir en violencia obstétrica y violar el derecho a la salud de Beatriz, una joven que en el año 2013 fue obligada a dar a luz a un feto que no tenía posibilidades de sobrevivir tras un embarazo que puso en riesgo su vida.
Aunque la sentencia no menciona la negación del derecho al aborto, es la primera vez que la Corte IDH emite una decisión sobre un caso de esta natrualeza en América Latina y sienta precedente para los países que suscriben la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Corte encontró al Estado salvadoreño «internacionalmente responsable» por el incumplimiento en garantizar los derechos de «una mujer que transitó un embarazo con riesgos múltiples en una situación de violencia obstétrica», indica la sentencia.
Beatriz padecía lupus, una enfermedad autoinmune que había complicado su primer embarazo. Cuando salió en estado por segunda vez, a los 22 años, los médicos descubrieron que gestaba un feto sin encéfalo ni cráneo debido a una enfermedad llamada anencefalia.
Aunque las leyes de El Salvador castigan con cárcel la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia, Beatriz introdujo un recurso ante la Justicia salvadoreña para pedir que se le permitiera abortar.
Sin embargo, la Sala Constitucional de El Salvador le negó el acceso a este procedimiento a pesar de que un comité médico de 15 especialistas recomendó la interrupción del embarazo para salvarle la vida.
Debilitada por el lupus y devastada emocionalmente por la condición de su hija, Beatriz dio a luz a la bebé, quien falleció cinco horas después de haber nacido.
«La falta de certeza jurídica sobre el abordaje de su caso llevó a burocratizar y judicializar la atención médica requerida, lo que afectó la integridad personal de la víctima y de su familia», indica la sentencia.
El Salvador es uno de los países con las leyes antiaborto más restrictivas del mundo, condenándolo con penas de entre 30 y 50 años de prisión si la mujer es acusada de homicidio agravado.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, rechaza firmemente el aborto. «Algún día, nos vamos a dar cuenta de que es un gran genocidio«, dijo hace unos años.
Durante el juicio, el Estado salvadoreño reconoció que en el caso de Beatriz «‘existía una situación de confusión’ y que ‘podrían haber sido mucho mejores los protocolos que habrían podido darles certeza a los médicos, en relación con una decisión que se tomó'», explicó el tribunal.
Sin embargo, la Corte concluyó que El Salvador violó sus obligaciones como Estado firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por ello, ordenó «establecer directrices y guías de actuación para el personal médico y judicial (…) en la atención de casos similares».
En vista de que Beatriz falleció en un accidente cuatro años después de su segundo embarazo, el tribunal ordenó al Estado que asuma la reparación de los familiares de la demandante por los daños sufridos y cubra los gastos de sus equipos legales.
El texto de la notificación de la sentencia no menciona expresamente, sin embargo, el derecho al aborto.
«Con esta decisión se hace justicia para Beatriz y su familia, que ha pasado tantos años esperando», dijo a BBC Mundo la activista de derechos humanos Morena Herrera, quien participó en el equipo de litigio de Beatriz.
Herrera recordó que este es el primer caso en el que la Corte IDH «ha debatido sobre el aborto como un servicio de salud pública que debe ser garantizado para las mujeres».
«Esta decisión puede cambiar la vida de muchas mujeres, asegurando que ninguna enfrente riesgos mortales por leyes tan restrictivas como la de El Salvador, y genera estándares que pueden ser retomados en otros países para que beneficien a otras mujeres en la región».
Delmy, la madre de Beatriz, dijo a BBC Mundo que se sentía «muy emocionada» de que la Corte IDH haya reconocido que los derechos de su hija fueron quebrantados por la decisión de impedirle interrumpir su embarazo.
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