El Congreso creará una comisión ad hoc para investigar al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional Jorge Torres Saravia, ante el escándalo por una presunta red de prostitución que habría existido en esta institución.
Serán los funcionarios designados por la gestión de Alianza para el Progreso (APP) quienes lideren el proceso disciplinario contra Torres, quien tiene cinco días para responder.
La resolución que anuncia la creación de esta comisión es la n.º 836 - 2024 - DRH/DGA/CR.
La Dirección General Administrativa del Congreso (DGA) remitió la información del reportaje periodístico del programa ‘Beto a saber’ a la jefatura de Recursos Humanos del Parlamento.
El jefe de la DGA, Carlos Pais, llegó a ese cargo en la gestión de APP en la Mesa Directiva, en reemplazo de la excongresista Marisol Espinoza.
La resolución que inicia el proceso disciplinario lleva la rúbrica de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Haidy Figueroa. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Figueroa milita en APP desde el 2014. Asimismo, trabajó en el Gobierno Regional de La Libertad. En el Congreso firmó la autorización de la pensión vitalicia para el exdictador Alberto Fujimori. En agosto, la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por ese caso.
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De acuerdo con esa resolución del proceso disciplinario, la designación de los integrantes de dicha comisión ad hoc estará a cargo de Oficialía Mayor. Cabe recordar que el oficial mayor, Giovanni Forno, también fue designado en la gestión de APP.
El caso de Torres ahora se investigado en el Ministerio Público, en la Comisión de Fiscalización y en la parte administrativa.
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Ayer, el semanario Hildebrandt en sus trece (H13) publicó unos chats de WhatsApp sobre Torres Saravia. El reportaje señala que testigos indicaron que organizaba reuniones para adultos a las que asistían altos funcionarios y trabajadores del Legislativo, y que él solía fotografiarlos y grabarlos.
También narra que compartía algunas imágenes con su círculo más íntimo. En una ocasión, según detalla el semanario, envió a través de un mensaje temporal de WhatsApp la foto de un alto funcionario del Congreso en paños menores.
Narra, además, que entre febrero y marzo, Torres Saravia renunció a la jefatura de la Oficina Legal y Constitucional para postular al cargo de procurador de esta misma institución, y por ello designaron a su excompañero del Ministerio de Justicia José Rubio Preciado.
-“Amigo, buen día. Hoy la China no irá, apóyame con eso, por favor, gracias”, escribió Torres en un mensaje a Rubio.
Este le respondió: “Ok, no la maltrates mucho”.
-“Ya tu sa”, le escribió Torres Saravia.
A pesar de no seguir en la plaza, Torres era quien daba las órdenes, aseguran los testigos.
Trabajadores del Congreso contaron que las reuniones eran en departamentos de Barranco y San Isidro reservados en el aplicativo de Airbnb. Uno de esos lugares sería en el piso 16 del edificio The Modern, en la calle El Sol Oeste 385, y en el cuarto piso de un edificio de la calle Deán Valdivia 207.
El semanario Hildebrandt en sus trece también reveló que la extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso Isabel Cajo ahora labora en el despacho del parlamentario de Acción Popular Edwin Martínez.
Sin embargo, el legislador defendió esta contratación. “Fue evaluada por el asesor, y yo di el visto bueno (…). Yo no vivo de cuentos ni de habladurías (…). Para el cargo que yo necesito, no se requiere siquiera ser bachiller”, justificó el congresista acciopopulista.
