El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha dado la razón a Enagás y ha condenado a Perú a pagar a la compañía 194 millones de dólares (unos 186 millones de euros) en el procedimiento arbitral relativo a su inversión en el Gasoducto del Sur Peruano (GSP).
Así figura en el laudo que el CIADI ha notificado a Enagás este viernes, según ha comunicado la empresa española de infraestructuras energéticas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El laudo estima que la República del Perú ha incumplido sus obligaciones bajo los artículos 4.1 y 5 del APPRI Perú-España, y condena en consecuencia a Perú a pagar a Enagás un importe de 176 millones de dólares (unos 169 millones de euros).
A esa cantidad se suma un interés anual del 1,44 % calculado de forma simple desde el 24 de enero de 2018 hasta la fecha de hoy y capitalizable semestralmente desde esta fecha hasta el pago de la indemnización, lo que supone un total 194 millones de dólares a día de hoy, así como el 75 % de las costas procesales.
El Tribunal considera también que la inclusión de Enagás Internacional en la categoría 2 de la Ley 30737, que impide a la Sociedad la repatriación de los dividendos de su participada Transportadora de Gas del Perú (TGP), constituye una violación del APPRI España-Perú.
Este laudo implicaría una minusvalía contable en la cuenta de resultados por la diferencia entre la cantidad reconocida en el laudo (194 millones de dólares) y la cuenta a cobrar (505 millones de dólares -unos 484 millones de euros) relativa a la inversión en GSP registrada en el balance.
El impacto se incluirá en las cuentas anuales del 2024 una vez se haya realizado un análisis detallado del laudo, ha anunciado la empresa.
Los asesores legales de Enagás están analizando el laudo en detalle y la empresa ha señalado que se reserva el derecho a solicitar una rectificación o aclaración de la cuantificación del importe reconocido.
Enagás ha manifestado ya a las autoridades peruanas su disposición para alcanzar un acuerdo amistoso que permita la ejecución de este laudo de una manera que convenga al interés de ambas partes.
La empresa ha reafirmado su política de dividendo y el plan de inversiones previsto, que incluye las infraestructuras de hidrógeno renovable contempladas en la lista definitiva de PCI de la Unión Europea.
Enagás presentó el arbitraje para recuperar su inversión en el GSP después de que el 23 de enero de 2017 el Gobierno peruano rescindiera la concesión del gasoducto a un consorcio en el que participaba la empresa española, junto a la constructora brasileña Odebrecht, y Graña y Montero, debido a los escándalos de corrupción que afectaban a Odebrecht.
La constructora brasileña, con una participación del 50%, Enagás y Graña y Montero, estas dos con un 25% cada una, eran las compañías concesionarias para la construcción del gasoducto, que suponía una inversión de 7.328 millones de dólares (algo más de 6.700 millones de euros).
La solicitud para iniciar el arbitraje contra Perú fue presentada por Enagás ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), aunque previamente la compañía española intentó llegar a un acuerdo con el Gobierno peruano para recuperar su inversión.
