La Asamblea de Madrid aprueba las terceras cuentas de Ayuso gracias a la mayoría absoluta del PP, criticado por el resto de partidos por haber aceptado únicamente una veintena de las 3.000 enmiendas presentadas por Más Madrid, PSOE y Vox
Ayuso incluye en una nueva ley ómnibus la reforma del suelo para construir viviendas en zonas de usos públicos
El jueves por la tarde, mientras Isabel Díaz Ayuso presentaba a David Bisbal en la Puerta del Sol al grito de “¿cómo están los máquinas?”, el pleno de la Asamblea llevaba más de nueve horas acogiendo el debate de presupuestos. A pesar de la relevancia de la jornada, la presidenta de la Comunidad no pasó en todo el día por la Cámara regional. Un gesto que refleja la comodidad parlamentaria que le otorga la holgada mayoría de su partido, y, de paso, su nulo interés en llegar a acuerdos con los grupos de la oposición.
Este viernes, ya sí con Ayuso presente en el pleno, la mandataria ha visto cómo se aprobaban sus terceros presupuestos. La oposición ha criticado el “rodillo parlamentario” del PP que ha rechazado la mayoría de las propuestas de Más Madrid, PSOE y Vox. Solo han quedado vivas una veintena de las más de 3.000 enmiendas presentadas por estos partidos.
Las cuentas de 2025 ascenderán a 28.662 millones de euros, un 4% más que los vigentes, según los anuncios del Ejecutivo autonómico. Para el equipo de la presidenta estas cifras suponen un “récord histórico” de gasto en carteras como Sanidad, Educación, Vivienda, Políticas Sociales y Transporte. En línea con las apuestas estratégicas de la presidenta, el grupo parlamentario popular alardea de que el año que viene se dará “un respaldo” a “las obras de ampliación de las líneas 5 y 11 de Metro, la Ciudad de la Justicia o la nueva Ciudad de la Salud”.
Para Más Madrid estas cuentas son “injustas e insuficientes para hacer frente a la crisis de vivienda, de servicios públicos y climática”, según su portavoz Manuela Bergerot. Por su parte, los socialistas sostienen que estos presupuestos sirven para ahondar en el “modelo ultraliberal” que el Ejecutivo de Ayuso ha desplegado en la Comunidad, según el diputado Fernando Fernández. Una visión diferente tiene la presidenta, que defiende que este proyecto da “estabilidad, confianza” y “certidumbre a la Comunidad de Madrid y a España”.
En el debate parlamentario, el socialista Fernández ha asegurado que estas cuentas están llenas de “lunares negros”. Citó, entre otros asuntos, la estabilidad en el empleo, la vivienda o la inversión sanitaria. “Sube el presupuesto de Sanidad un 2%, cuando el general sube el 4%”, ha replicado. Desde el PSOE-M sostienen que estas cuentas “sitúan a Madrid de nuevo en el último puesto en inversión sanitaria por habitante”. Por su parte, el equipo de Ayuso defiende que la inversión en esta partida se ha incrementado en 294 millones de euros. No son datos incompatibles.
Con un cierre de año marcado por las protestas de la comunidad educativa, y una nueva manifestación en la puerta de la Asamblea por la asfixia económica a las universidades públicas madrileñas, el PP alardea de subir más de 290 millones la inyección a la enseñanza. Su medida estrella consiste en incluir los primeros cursos de Educación Secundaria en los colegios, a pesar de que esta decisión vulnera lo estipulado en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, que establece las condiciones que deben cumplir los centros educativos de Secundaria.
En el debate de la Asamblea, la diputada de Más Madrid María Pastor ha realizado un recorrido por las rectificaciones que ha realizado la Consejería de Educación este año. Entre ellas, destacó la renuncia a su intento de incluir una escuela europea en el Ramiro de Maeztu, el aplazamiento de los procesos de estabilización para evitar cambios en la situación laboral de miles de trabajadores con el curso empezado y la ratificación del convenio con el Gobierno central para incorporar mil profesores universitarios, pese a los intentos de bloquear esa firma.
La mayoría absoluta de los populares –con 69 diputados de 131– garantiza la aprobación de las cuentas madrileñas, pero también la ratificación de dos leyes. La primera, con el nombre “medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid”, incluye un artículo con el que los populares pretenden evitar que la sede del Gobierno regional, Dirección General de Seguridad durante el franquismo, sea reconocida como espacio de Memoria Democrática. Esta enmienda ha salido adelante a pesar del rechazo del equipo jurídico de la Asamblea, que sostuvo que esta propuesta carecía de coherencia con el texto de la ley, según adelantó elDiario.es.
Además de la enmienda de tapadillo para silenciar la memoria de la represión policial durante la dictadura en la que ahora es sede del Gobierno regional, la Ley de medidas para la mejora de la gestión en el ámbito local y autonómica de la Comunidad de Madrid es, en la práctica, un coche escoba legislativo que establece —además de otras modificaciones legales sobre administración local, función pública, transparencia o administración digital— la supresión del Consejo de la Juventud, un organismo que reunía a una cuarentena de asociaciones sociales, estudiantiles, religiosas y secciones juveniles de partidos políticos y sindicatos. El grupo parlamentario popular anunció en octubre una “renovación” de este, pero lo que planteaba en realidad era disolverlo y encargar al Ejecutivo de Ayuso que cree en el plazo de un año un órgano colegiado, de asesoramiento y participación, “que refleje la pluralidad de la juventud madrileña”. El nuevo órgano no tendrá personalidad jurídica propia y estará en el organigrama de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Al PP llevaba tiempo atragantándosele el consejo juvenil. Ya lo había eliminado en 2010, cuando la presidenta de la Comunidad era Esperanza Aguirre, pero lo recuperó en tiempos de Cristina Cifuentes, obligado por la aritmética parlamentaria. Más Madrid había denunciado la retirada de financiación al organismo el año pasado, y entiende que el PP lo considera incómodo porque silencia opiniones molestas para el Ejecutivo regional, como las que atañen a las dificultades crecientes de acceso a la vivienda para los jóvenes. El diputado Juan Varela-Portas ha defendido que esta medida es de “corte autoritario”.
Este contenedor legislativo no es, por otra parte, el único que se aprueba a las carreras en el trámite prenavideño. Otra ley ómnibus—la cuarta de la era Ayuso— denominada “de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio”, encierra una profusión de cambios legislativos que el Gobierno justifica por la simplificación normativa y ahorro de trámites, pero que la oposición y las asociaciones ecologistas ven como un pretexto para eliminar controles y rebajar requisitos ambientales.
“Ustedes critican a Sánchez, dicen que gobierna con mucho decreto-ley, pero ustedes están haciendo lo mismo con la ley ómnibus”, le ha replicado a los populares el diputado de Vox Íñigo Enríquez de Luna, que ha defendido que únicamente tendrían que recurrir a este modelo en casos de “urgente necesidad” legislativa.
Para el socialista Javier Guardiola “todas las leyes ómnibus han tenido un denominador común: la reducción de las protecciones medioambientales”. En su interpelación a los populares, ha asegurado que éstos “entienden la protección medioambiental como un bloqueo de la actividad económica”.
Las alteraciones recorren gran parte del historial legislativo autonómico, desde la ley de aguas de 1984 hasta la de protección animal de 2016 —se recupera la posibilidad de amputar orejas y rabo a los perros, se regulan los hurones como animales de caza— con especial detenimiento en las normas de suelo y ordenación de territorio, un terreno donde los cambios legales son constantes desde hace más de dos décadas. Medioambiente e infraestructuras —el Canal de Isabel II no tendrá que pedir licencia municipal para obras “de interés general”— tampoco escapan a los cambios. Destaca la figura de los planes territoriales, que permitirán autorizar actuaciones prohibidas por los planeamientos municipales, o la construcción de vivienda en terrenos considerados dotacionales, un extremo que antes solo se permitía para viviendas sociales de titularidad pública.
La oposición también ha criticado los poderes reforzados para el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior —“virrey plenipotenciario”, en expresión del diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez—a quien se atribuye la capacidad de decidir cuándo realizar o no la evaluación ambiental respecto de algunos proyectos que afecten a Red Natura 2000, humedales o espacios protegidos.
