Ley 32209: congreso aprueba nueva normativa que permitirá congelar cuentas bancarias vinculadas a casos de extorsión
El Congreso de la República ha oficializado la ley 32209 que permite el congelamiento inmediato de cuentas bancarias vinculadas a delitos de extorsión, buscando fortalecer la lucha contra este crimen. La medida se publicó en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Esta legislación, aprobada por insistencia la semana pasada, otorga a las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) el congelamiento de fondos o activos relacionados con extorsiones. La PNP podrá actuar tras recibir denuncias y evaluar la urgencia de la situación.
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Nueva normativa permitirá congelar cuentas bancarias vinculadas a extorsión
La norma publicada por el boletín Nomas Legales del Diario Oficial El Peruano, establece que, ante la recepción de una o más denuncias por extorsión, la Policía Nacional del Perú (PNP) podrá requerir el congelamiento de cuentas, siempre que se justifique la urgencia de la medida. Este procedimiento busca evitar que los fondos sean utilizados para continuar con actividades delictivas.
En ese sentido, para llevar a cabo el congelamiento, la PNP deberá presentar pruebas que respalden su solicitud ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF). Este proceso es fundamental para asegurar que las acciones tomadas sean efectivas y estén fundamentadas con evidencias suficientes.
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SBS deberá garantizar el cumplimiento de la norma
Por su parte, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) será responsable de implementar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de esta norma. Esto incluye la supervisión de las entidades financieras para asegurar que se sigan los procedimientos establecidos.
Cabe resaltar que el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 60 días para adecuar el reglamento de la Ley 27693, que establece la creación de la UIF. La ley también permite a la PNP interceptar comunicaciones ilegales provenientes de cárceles, lo que representa un avance significativo en la lucha contra la extorsión. Esta medida busca desarticular redes delictivas que operan desde el interior de los centros penitenciarios.