La organización Aministía Internacional (AI) advirtió este viernes que en El Salvador hay una "profundización" de la crisis de derechos humanos tras "mil días" del régimen de excepción con el que el gobierno del presidente Nayib Bukele combate a las pandillas.
"Lo que el gobierno llama 'paz' en realidad es un espejismo que pretende esconder un sistema represivo, una estructura de control y opresión que abusa de su poder", señaló la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, en un comunicado.
"Tras cada visita (al país) la organización ha constatado el deterioro progresivo de la situación de las víctimas y sus familiares, que profundiza la crisis de derechos humanos en el país", indicó Amnistía.
Las "graves violaciones a derechos humanos" bajo el régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, "reflejan un patrón generalizado de abuso estatal", agregó.
El Salvador "registra miles de detenciones arbitrarias, la adopción de una política de tortura en centros de detención y cientos de muertes bajo custodia estatal", señaló la organización humanitaria.
Bukele ha rechazado las críticas de organismos de derechos humanos. Además, ha destacado que con el régimen de excepción El Salvador pasó de ser el país sin guerra más violento del mundo, con tasa de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, al "más seguro del hemisferio occidental".
Sin embargo, Amnistía dijo que el régimen de excepción ha conducido a "la militarización de la seguridad pública", especialmente en comunidades "marginadas y empobrecidas", lo cual según ha contribuido a crear "un clima de miedo e intimidación".
El régimen de excepción permite detenciones sin órdenes judiciales y desde que fue puesto en marcha fueron detenidas unas 83.000 personas, aunque Bukele dijo el 12 de noviembre que 8.000 inocentes fueron liberados.
Amnistía dijo que ha enviado cinco misiones al país para documentar patrones de "graves violaciones" de derechos humanos. Indicó que el régimen de excepción, que ha sido prorrogado 33 veces, se ha convertido "en una política de Estado".
"Detener a personas sin pruebas y enjuiciarlas de forma masiva no es justicia; tampoco es una solución efectiva y sostenible", sostuvo Piquer.
Además, en base a informes de organizaciones locales, AI señaló que se registran más de 300 muertes bajo custodia estatal.
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