La frenética semana judicial que tiene en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez ha finalizado este viernes con la declaración de Cristina Álvarez , asesora de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, desde su puesto de directora de Programas en el Palacio de la Moncloa. En su cita ante el magistrado Juan Carlos Peinado, Cristina Álvarez ha afirmado que desde que entró a trabajar en el Gobierno, en julio de 2018, lo hizo para ocuparse de la agenda de la mujer del presidente del Gobierno y sus actos institucionales. Esta confesión ha llevado a Vox a presentar una querella contra la propia Álvarez, contra Begoña Gómez y también contra el que el que era secretario general de Presidencia del Gobierno, Francisco Martín, hoy delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Vox cree que podrían haber incurrido en los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Vox centra su querella en lo que considera una utilización «abusiva, espuria y arbitraria» por parte de Álvarez y Gómez de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno y del Gabinete de Presidencia de Gobierno, ya que la asesora realizaba actividades relacionadas con la actividad profesional privada de la mujer de Sánchez desde su puesto en la Dirección de Programas de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno. Es decir, Álvarez incurriría en «una clara inobservancia de los deberes inherentes a la condición de funcionario público», al haber desempeñado sus labores profesionales como asistente personal de Begoña Gómez, concluye la responsable jurídica de Vox, Marta Castro. Y ello sin ser remunerada, porque su sueldo procedía del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Los de Santiago Abascal reconocen que las mujeres de los anteriores jefes del Ejecutivo también contaron asistentes personales, pero únicamente para su actividad vinculada con la Presidencia del Gobierno y en ningún caso para su actividad profesional privada. «Es por ello que Begoña Gómez está incluida en la querella, pues se habría valido de una persona que ostenta una relación laboral o funcionarial con la Administración General del Estado, y cuyo puesto de trabajo es sufragado con recursos públicos, de manera que las funciones reales que desarrollaba eran las propias de los negocios privados de Gómez, y no las funciones para las que estaba designada Álvarez», explica Vox. En el mismo sentido, en cuanto a Francisco Martín, la formación política considera «del todo imposible» que se diera esta situación «sin el conocimiento y beneplácito de sus responsables directos». Por ello, la formación ha solicitado al Juzgado de Instrucción que tome declaración, en calidad de investigados, a los tres querellados. Y ha pedido las testificales de Pilar Suárez, directora de Comunicación Institucional de Reale Seguros, con quien Álvarez cruzó correos electrónicos enviados desde su dirección profesional dependiente de la Administración General del Estado; Sylvia Moyano, adscrita al área comercial de la Dirección de Ferias de Público y Evento de Ifema, con quien Álvarez cruzó correos electrónicos también para un evento en 2021, interesado por la mujer del presidente. Castro solicita también la declaración como testigo del director de Personas y Transformación de Reale Seguros, Renzo Liaj; el administrador de Sanza Correduría de Seguros, David Sanza; la trabajadora de Ifema Arantza Zeberio; el CEO de Indra, Marx Murtra; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; la directora general de Sostenibilidad de Endesa, María Malaxechevarría; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la coodinadora de la cátedra extraordinaria TSC de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Blanca María de Juan; y el vicerrector de relaciones institucionales de la UCM; Juan Carlos Doadrio, a quien solicita VOX que se le pida que aporte los whatsApp y correos que hubiera intercambiado con Álvarez. Por otro lado, la formación solicita en su escrito que se libre oficio al Ministerio de Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes a los efectos de que certifique los cargos que ha ocupado Álvarez en el ámbito competencial de su Ministerio y, en concreto, en alguno de los órganos/departamentos que componen la estructura de Presidencia de Gobierno. Y que se especifique cuándo se inició su relación funcionarial y cuándo concluyó, así como la documental que acredite todo ello. Pide también que se remita organigrama y especifique quiénes son orgánica y funcionalmente los superiores jerárquicos de Cristina Álvarez, y se indique cuál ha sido la correlación de ingresos percibidos por Álvarez desde el momento de su nombramiento hasta la actualidad. También pide que se aclaren las funciones inherentes al cargo de 'Director de Programas de la Subsecretaria General de Presidencia de Gobierno'. Y que se remita el expediente completo de su contratación o en su caso de su nombramiento. Entre las diligencias, se solicita que se oficie a la Seguridad Social para que remita certificado sobre la vida laboral de Cristina Álvarez y a la AEAT para que remita las declaraciones de la renta de Álvarez correspondientes a los ejercicios 2018 hasta 2024. Por último, Vox pide que se libre oficio al Juzgado de Instrucción 41 de los Madrid para que remita testimonio de la correlación de correos electrónicos invocados en el marco de la querella presentada.
