Este es el comunicado íntegro que han emitido Pagés y Funtausa, empresas de Ramón Valencia y Matilla, respectivamente: «Debido a los últimos acontecimientos acaecidos en la licitación pública para el arrendamiento de la plaza de toros de Santander a fin de organizar la Feria de Santiago de 2025, 2026, 2027 y 2028, que han llevado a una suspensión temporal del procedimiento de licitación, y a la vista de las manifestaciones vertidas en los medios de comunicación recientemente, nos vemos en la necesidad de manifestar lo siguiente: Primero: La UTE Sevilla Pagés, S.L.- FUNTAUSA, S.A. se ha presentado a una licitación pública para el arrendamiento de la plaza de toros de Santander de buena fe y con la ilusión de poder participar en una plaza de la categoría de Santander. Segundo: Hemos tenido conocimiento de la adjudicación a la empresa Lances de Futuro, S.L. por los medios de comunicación y a través de las noticias de actualidad de la página web del Ayuntamiento y no mediante notificación oficial. Tercero: Durante la apertura de sobres en exposición pública de la licitación detectamos una irregularidad en un documento de los que componen la oferta presentada por Lances de Futuro, S.L., manifestándolo al Secretario del Consejo y solicitándole el acceso al citado documento. Cuarto: Una vez recibido el documento por parte del Secretario, hemos observado, mediante cotejo de numerosa documentación, que la firma no se corresponde ni con la del representante de la empresa Agrícola Ganadera Sanse 2000, S.L., interviniente en el documento, ni con la del representante de la empresa licitadora Lances de Futuro, S.L., quien ha reiterado que tenía autorización para firmar por poder (p.p.) después de obtener supuestamente por WhatsApp la conformidad. Sin embargo, el representante de Lances de Futuro, S.L. no utiliza su firma. Lo que carece de sentido es consignar «un garabato» si realmente tan claro se tiene que disponía de autorización para firmar en nombre del tercero. Es por todo lo anterior que procederemos a tomar las medidas legales oportunas en nuestra defensa para que se depuren responsabilidades a todos los niveles. Lamentamos profundamente vernos inmersos en esta desagradable situación que no beneficia a nadie, pero consideramos que tenemos todo el derecho a defendernos ante una supuesta ilegalidad en una licitación de carácter público y ante los ataques que se están lanzando contra la UTE y sus representantes».
