La aprobación de la reducción de la jornada entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos CC OO y UGT, al margen de la patronal ha levantado una ola de rechazo entre las organizaciones empresariales y agrarias, que advierten del impacto negativo que tendrá en los costes -sobre todo entre las pymes-, la productividad, la rentabilidad y en el empleo, además de que provocará un gasto adicional entre las pequeñas empresas de 11.800 millones, y que afectará al 75% del mercado laboral, exceptuando a las grandes empresas, que ya se sitúan la mayoría de las jornadas de las plantilla en 37,2 horas
Desde Cepyme han vuelto a mostrar su rechazo frontal a una medida que no ha sido consensuada con las patronales y que impactará de lleno en las pequeñas y medianas empresas "debido a su menor productividad, rentabilidad y sus inferiores recursos organizativos, a su mayor dificultad para adaptarse a cambios en el corto plazo, así como a la menor presencia del convenio de empresa en este segmento", explican desde esta patronal, que en su informe Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme. Fuentes de la patronal de la pymes manifestaron a LA RAZÓN que "el Gobierno ha abandonado a las pymes y a los sectores con menos productividad. El problema es que las pequeñas y medianas empresas son el 99% del tejido empresarial, es decir, que nos va afectar a la gran mayoría. Las únicas empresas que no sufrirán los efectos son las que tienen convenio propio, y eso solo sucede en las que tienen un mayor tamaño".
La reducción de jornada afectará en general a tres de cada cuatro trabajadores (el 75%) cubiertos por convenios colectivos, en torno a los 8,8 millones de asalariados, con impacto diferencial según ramas de actividad, según el informe "Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme". En actividades inmobiliarias, hostelería, agroganadería, comercio y actividades profesionales, los trabajadores que hacen jornadas superiores a las 37,5 horas semanales son el 85% del total. "Hay empresas que por su propia naturaleza no han podido reducir su jornada, de modo que el 7,9% de los asalariados trabaja más de 39,5 horas, unas 925.000 personas, principalmente concentradas en las ramas de información y telecomunicaciones, transporte y almacenamiento, comercio, hostelería e industrias extractivas".
Las organizaciones agrarias también han reprobado la reducción de jornada ya que creen que supondrá un aumento de los costes salariales. Para el secretario de organización de Asaja, Juan José Álvarez, la reducción de la jornada supone una "subida encubierta" del salario e implicará "tener que contratar a más gente" y, por ende, un "incremento de los costes". En declaraciones a Efeagro, Álvarez ha lamentado que el sector está acostumbrado a que se le "deje de lado" y ha pedido al Gobierno que ponga en marcha un plan de apoyo financiero para asumir la medida.
El portavoz de COAG, Andrés Góngora, ha advertido que el sector agrario se ve "muy condicionado" por el clima, algo que, a su juicio, se debería tener en cuenta a la hora de legislar sobre las jornadas laborales para adaptarse a las necesidades del campo. "Pedimos flexibilidad", ha demandado Góngora al hablar sobre las dificultades que puede tener el campo y en concreto sectores como el hortofrutícola a la hora de aplicar la medida, además de pedir que se tenga en cuenta la propia temporalidad que caracteriza al sector.
El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, se ha mostrado en contra de la medida, pues afectará en la pérdida de competitividad, un problema que, a su juicio, ya arrastra el campo y que puede incidir con especial fuerza en sectores como el del olivar tradicional. La reducción de la jornada laboral supondrá un "aumento de los costes laborales", ha asegurado Cortés durante su intervención tras la reunión de seguimiento de las 43 medidas para el campo mantenida con UPA y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Por contra, únicamente el secretario general de UPA -organización cercana a CC OO-, Lorenzo Ramos, ha celebrado la medida, ya que "los trabajadores están en su derecho de reivindicar mejores condiciones", a la vez que ha pedido que se mejoren las condiciones en los productores para que se les permita "pagar sin problemas". A juicio de Ramos, el sector agrario encara otros problemas en los que se deben enfocar como el aumento de los costes de producción.
Tras la firma del acuerdo con los sindicatos para la reducción de la jornada laboral, Trabajo tendrá que llevarlo al Parlamento para su aprobación, con la duda de qué harán formaciones como Junts o PNV. En este sentido, la ministra de Trabajo se ha mostrado convencida de que la norma saldrá adelante, como lo han hecho muchas otras leyes con las que inicialmente no se contaban con todos los apoyos necesarios.
Los empresarios han vuelto a recordar que, como se establece en la legislación vigente, "la duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo, no por decreto sin ser acordado en el diálogo social".
