Tras meses de negociaciones, el Gobierno español firmó el viernes un acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, pero sin contar con la patronal y con el riesgo de que el Parlamento rechace la reforma.
"Hoy, una vez más, escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales de nuestro país", declaró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, responsable de pilotar la reforma, tras firmar el acuerdo con los dos principales sindicatos de trabajadores, CCOO y UGT.
"Ha llegado ya la hora de repartir la productividad y repartir un poquito más a favor de la gente trabajadora de nuestro país", añadió en rueda de prensa Díaz, miembro del partido de extrema izquierda Sumar, aliado de los socialistas en el Gobierno español.
En su programa de gobierno conjunto, sellado en octubre de 2023, Sumar y el Partido Socialista se comprometieron a reducir la semana laboral legal de 40 horas a 37,5 horas, con una primera fase de 38,5 horas, sin pérdida de salario.
Esta reducción, la primera desde 1983, afectará a casi 12 millones de asalariados del sector privado -los del sector público ya se benefician de una semana laboral de 37,5 horas-.
Sin embargo, el acuerdo firmado el viernes con los sindicatos CCOO y UGT no recibió el respaldo de la patronal, que decidió a mediados de noviembre levantarse de la mesa de negociación tras once meses de reuniones infructuosas, al considerar que sus reivindicaciones no eran tenidas en cuenta por el Ejecutivo.
Las organizaciones patronales están preocupadas por el impacto de la reforma en la competitividad española.
Consideran que no todos los sectores de actividad están en igualdad de condiciones y que una reducción generalizada de la jornada laboral podría debilitar a determinadas empresas.
Unos argumentos descartados el viernes por Yolanda Díaz, que recordó que la economía española es actualmente la más dinámica de los países de la OCDE, con un crecimiento del 3,1% previsto en 2024 por el Banco de España, y prometió llevar la reforma hasta el final.
De hecho, el acuerdo firmado el viernes debe ser aprobado por los diputados antes de entrar en vigor. Sin embargo, se topa con la oposición de varios de los aliados del Gobierno en el Congreso, entre ellos el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la formación independentista catalana Junts per Catalunya (JxCat).
"Hoy es un día muy importante pero no es el final de nada", reconoció el secretario general de CCOO, Unai Sordo, junto a Díaz.
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