El magistrado José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, considera que hay “indicios sólidos” de responsabilidad penal contra el agitador ultra
AUDIOS | Alvise prometió leyes a favor del empresario que le pagó 100.000 euros: “Seré llave de gobierno con Feijóo y Abascal”
El juez de la Audiencia Nacional que investiga por estafa al empresario de criptomonedas que denunció haber entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez ha pedido al Tribunal Supremo que abra causa contra el eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF).
El magistrado José Luis Calama ha acordado enviar una exposición razonada al alto tribunal en la que atribuye al agitador ultra delitos electoral y de financiación ilegal de partidos por haber recibido esa cantidad en metálico de un empresario para sufragar su compaña al Parlamento Europeo, tal y como desveló elDiario.es. En su auto, Calama considera que existen “indicios sólidos” de responsabilidad penal contra Alvise y, por tanto, debe ser el Supremo el competente para continuar la instrucción debido a su aforamiento.
El magistrado pide también que el Supremo investigue al empresario que pagó los 100.000 euros, Alvaro Romillo, al apreciar una “íntima conexión” entre los hechos cometidos por ambos, que considera “la cara y cruz de una misma moneda”. En el caso de Romillo, el magistrado sostiene que podría tratarse de una “actividad activa de donación o de aportaciones ilegales”, que castiga a quien hace donaciones o aportaciones a partidos por sí o por persona interpuesta.
Respecto a Alvise, el magistrado afirma que la investigación ha evidenciado que solicitó la colaboración de Romillo para crear un monedero virtual para recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público. Unas donaciones que, a su juicio, estaban destinadas a financiar su campaña de las europeas.
El juez sostiene que tanto la apertura de ese monedero virtual como la entrega de 100.000 euros tenían la “intención” de que Alvise, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club, que cerró sorpresivamente el pasado septiembre dejando atrapados a miles de inversores.
Calama sostiene que, de esta forma, el empresario perseguía conseguir nuevos clientes a los que venía cobrando un 10% de la inversión. “Esta comisión la compartiría con Luis Pérez [Alvise] si resultaba eficaz y llegaban a un acuerdo en tal sentido”, recoge el auto. En este sentido, el magistrado alude como “primer acto de colaboración” al evento que su club financiero organizó en el Hipódromo de la Zarzuela la pasada primavera y en el que participó Alvise.
En este evento, el entonces aspirante a eurodiputado defendió la plataforma de negocio de Romillo y alabó que quedaba fuera de cualquier control financiero y permitía obtener una significativa rentabilidad sin tributar por ella. También expuso su programa electoral basad en la supuesta “libertad financiera”. Tras ese evento, el empresario comunicó a Romillo que habían recaudado 100 millones de euros en 53 minutos, según recogen los mensajes aportados a la causa.
La causa contra Alvise viaja al Supremo después de que elDiario.es destapara que cobró 100.000 euros en efectivo de Álvaro Romillo, empresario del sector de las criptomonedas, pocos días antes de empezar su campaña para las últimas europeas en las que consiguió más de 800.000 votos y tres escaños en Bruselas. Los audios desvelados por este periódico demuestran que, a lo largo de sus conversaciones, Alvise se comprometió a promover una legislación favorable a su sector si, como planeaba, se convertía en llave de gobierno para PP y Vox en unas elecciones generales.
