El juzgado de Madrid que tramita la reclamación en la que Alberto González Amador pide 100.000 euros al Presidente del Gobierno por referirse a su caso de doble fraude fiscal abre el trámite previo a que el empresario pueda presentar una demanda o una querella
La pareja de Ayuso pide a Sánchez y Bolaños que se retracten tras llamarle “delincuente” o les reclamará 150.000 euros
El Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que acuda el próximo 12 de febrero a un acto de conciliación por una demanda presentada por Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por una presunta vulneración del derecho al honor.
Cabe recordar que el jefe del Ejecutivo no tiene obligación de comparecer personalmente, sino que podrá hacerlo a través de su representación legal, en este caso la Abogacía del Estado, según ha avanzado 'El Mundo' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.
Si Sánchez opta por no conciliar, González Amador podrá seguir adelante con la demanda por una vulneración del derecho al honor o podrá acudir a la vía penal con una querella por injurias y calumnias.
Las declaraciones que motivan la iniciativa del empresario se produjeron el pasado 17 de octubre, cuando Sánchez defendió al fiscal general del Estado tras la decisión del Tribunal Supremo de iniciar una investigación por la filtración de un correo relacionado con el caso de fraude fiscal del empresario. Sánchez afirmó que Álvaro García Ortiz había hecho su trabajo: “Perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo”. González Amador considera que esas declaraciones son una “infracción de los más elementales deberes” de “respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español”.
La realidad es que el empresario confesó haber cometido un doble delito fiscal. Lo hizo en un correo enviado a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, más de un mes antes de que elDiario.es desvelara el caso, y que tenía como objetivo alcanzar un pacto que le permitiera cerrar pronto la investigación. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, figura en el escrito, que expone también su voluntad de “resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora” a la Agencia Tributaria. Se ofreció a pagar más de 500.000 euros. Los casi 351.000 euros del fraude fiscal, los casi 25.000 euros de intereses y los 140.000 euros de multa.
