El turismo y el empleo favorecerán un crecimiento de la economía española en 2024 de alrededor del 3%, el triple que el de la eurozona, aunque tras ese avance existe una brecha en el PIB per cápita que sitúa a España lejos de sus pares europeos, en un contexto político fragmentado que dificulta el acuerdo para unos nuevos presupuestos.
El crecimiento en España sigue estando sostenido por la demanda interna y en particular por el consumo, tanto privado como público, pero los elementos diferenciales, que no se están dando en una eurozona estancada por la crisis industrial, son un turismo boyante y un 'boom' migratorio que ha elevado la población activa a niveles récord.
El tirón de las exportaciones de servicios, incluido el turismo, está muy por encima de los niveles precovid, con una aportación al PIB un 39 % superior en términos reales a la de 2019, según explica a EFE el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech.
El empleo ha alcanzado cifras récord, con 21,8 millones de personas ocupadas y 24,6 millones de población activa, pero España sigue liderando el desempleo en la eurozona, con una tasa de paro del 11,21% y 2,7 millones de personas desempleadas, con los datos de la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre.
La inmigración explica el 90% del crecimiento de la población activa desde 2021, señala Doménech, que incide en que la mayor movilidad de la población migrante les permitirá sortear problemas como la dificultad de acceso a la vivienda en las grandes ciudades.
A los dos factores principales que causan la brecha positiva con la eurozona, Doménech suma que España cuenta con una energía más barata y con un sector financiero más competitivo, que ha capeado mejor la subida de los tipos de interés con menores restricciones de crédito.
El profesor de Economía de la Universidad de Alcalá Daniel Fuentes añade que la debilidad de la inversión es menor en España, al ser uno de los mayores receptores de fondos europeos para la recuperación (Next Generation), con 75.500 millones de euros licitados, de los que el 58,5% ha sido resuelto, según los datos del Gobierno a 31 de octubre.
El semanario londinense 'The Economist' ha considerado que la evolución de la economía española ha sido la mejor de la OCDE en PIB, inflación, retornos bursátiles, desempleo y balance fiscal, un progreso que la sociedad española no percibe, de acuerdo con la encuesta de Navidad de Funcas, según la cual el 50% de los ciudadanos califica el año de regular y hasta un 30% afirma que ha sido malo.
"Nos hemos deshecho de grandes desequilibrios macroeconómicos pero aún falta que se perciba en el día a día", subraya a EFE Fuentes, quien cree que los bajos salarios y las dificultades para acceder a la vivienda constituyen las principales preocupaciones.
El salario mínimo acumula un incremento del 54% desde 2018, tras situarse en 2024 en 15.876 euros brutos anuales en 14 pagas, con lo que se está equiparando al salario más frecuente, ya que la mayoría de los asalariados (20,5 % del total) gana entre 14.000 y 19.000 euros brutos al año, conforme a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2022.
En PIB per cápita de España en paridad de poder adquisitivo está en el 89% de la media de la UE, en la mitad baja de la tabla, una distancia que no se ha reducido en treinta años y que se debe al elevado desempleo y a la baja productividad, como ha señalado reiteradamente el Banco de España en sus informes.
En este contexto, el Gobierno encara el cierre del año sin tener encauzados todavía los trámites previos a los presupuestos de 2025, lo que obligará a prorrogar de nuevo las cuentas de 2023, que son las que han estado vigentes en el ejercicio 2024.
Detrás de este retraso está la inestabilidad de los apoyos parlamentarios, que ha impedido aprobar la senda de déficit y deuda: Junts tumbó los objetivos de estabilidad en el Congreso y, aunque el Gobierno volvió a presentarlos, finalmente los retiró para evitar una nueva derrota.
Con el proceso presupuestario congelado desde septiembre, el Ejecutivo ha centrado sus esfuerzos en la aprobación de un paquete tributario que sienta las bases de la política fiscal de 2025 y que incluye un nuevo impuesto a la banca, una subida del IRPF a las rentas altas y al tabaco, y una rebaja de impuestos a las pymes.
Este paquete fiscal se enfrentó a un bloqueo de vetos cruzados entre los socios parlamentarios del Gobierno que solo pudo superarse con un acuerdo en el último minuto basado en el compromiso de prorrogar el impuesto a las energéticas para dar tiempo a la negociación de uno nuevo.
La prórroga irá por decreto ley en el último Consejo de Ministros del año, sin que de momento tenga los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso, puesto que Junts y PNV se oponen.
La subida de la fiscalidad del diésel para equipararlo a la gasolina -que decayó en la tramitación del paquete fiscal- se aprobará también por decreto ley, dado que se trata de un compromiso del Gobierno con Bruselas imprescindible para poder cobrar el quinto desembolso de fondos europeos.
