Desde los tiempos del PRI hegemónico no veíamos a un partido con tanto poder como el que tiene Morena. El movimiento social transformado en instituto político ha logrado en apenas una década consolidarse como gobierno junto con sus aliados en 24 estados y además tiene la presidencia y mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y el Senado.
Hasta ahora, gracias a su supermayoría en el Congreso, Morena y sus aliados han aprobado en tan solo tres meses 25 reformas, 16 de las cuales fueron constitucionales y solamente 2 fueron propuestas por el Ejecutivo actual.
Para conseguirlo, han realizado alrededor de 72 cambios sustanciales al menos a 50 de los 136 artículos de la Carta Magna y lo mismo han echado mano de argucias legales que de traidores dispuestos a venderse al mejor postor como Miguel Ángel Yunes y su hijo junior, o de expriistas que antes criticaron al partido guinda, pero que ahora felizmente están en sus filas.
Por ello es que la reforma a la Ley del Infonavit se aprobará el próximo año sin mayores contratiempos, a pesar de las muchas preguntas y suspicacias en torno a ella.
Porque al final lo que está en juego es la nada despreciable suma de 2 billones de pesos en las arcas del instituto y que, aunque en los hechos pertenecen a mexicanos y mexicanas que han trabajado para tener un patrimonio, si así lo deciden nuestros “representantes”, estarán a disposición de los políticos para que puedan utilizarlos a su antojo.
Con su mayoría en el Congreso, Morena y sus aliados realizarán un cambio administrativo de gran calado al interior del Infonavit, donde, como un reflejo de los tiempos que vivimos, el gobierno tendrá manga ancha y un poder nunca antes visto para imponer sus decisiones. En los hechos, los cambios disminuirán a los sectores obrero y empresarial al interior del instituto con el riesgo de perder representatividad y convertirse en un símil de nuestra oposición.
El gobierno terminará apalancándose en esta institución, que tampoco es un ejemplo de transparencia y buenas prácticas, luego que se revelara que en la administración priista del Infonavit, entre otras anomalías, indemnizó a la empresa Telra Realty con 5 mil 88 millones de pesos, a pesar de que incumplió un contrato por el que se le pagaron 100 millones de pesos.
Analistas advierten que, sin contrapesos y controles, los recursos del Infonavit pueden utilizarse en última instancia para sufragar otras obras o programas sociales, luego de que en noviembre pasado autoridades admitieron que México cierra 2024 con un déficit fiscal de 6 por ciento del PIB, equivalente a 1.8 billones de pesos, el más alto en los últimos 36 años.
Aunado a esto, quien está al frente del instituto es Octavio Romero Oropeza, una persona sin experiencia en el sector financiero y que, dicho sea de paso, dejó a Pemex como la empresa petrolera más endeudada en el mundo.
Desde luego es loable y aplaudible promover la vivienda social. Las buenas intenciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, de modificar la vocación del Infonavit para construir un millón de viviendas para trabajadores para que estos puedan hacerse de un patrimonio y no tengan que estar encadenados de por vida a créditos impagables, tienen una profunda raíz en la justicia social.
Pero no podemos dejar de lado que en la arena política, en lugar de hablar claro y con la verdad, Morena y una oposición que apenas puede levantar la voz cruzan acusaciones, infundios y tergiversaciones, cada cual con su cálculo político, frente a una ciudadanía a la que se deben, pero que —como siempre— se queda mirando cómo ellos juegan las cartas, pero lo que apuestan son nuestros recursos.
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