El pasado 10 de octubre, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad con 344 votos la esperada Ley ELA, tras casi tres años de retraso y varios incumplimientos en el calendario de tramitación por parte del Gobierno que pidió en diversas ocasiones una ampliación del periodo de enmiendas.
La aprobación en la Cámara Baja de esta norma ha sido todo un hito, entre otras cosas, porque garantiza a las personas que sufren esta enfermedad una vía rápida para acceder a las ayudas de dependencia. Desde el diagnóstico reciben el Grado 1 de dependencia y entran automáticamente en el sistema para recibir ayudas.
Pero tras más de dos meses después de haberse aprobado, los enfermos de ELA denuncian que todavía no han recibido ninguna ayuda que les de la asistencia que llevan más de cuatro años reclamando.
Uno de ellos ha sido Jordi Sabaté Pons, uno de los mayores activistas y defensores de los derechos de los enfermos de ELA, que pedía disculpas por "haber dado falsas esperanzas a personas enfermas de ELA en España, por haberme creído que los responsables políticos aprobarían la financiación de la Ley ELA y su puesta en vigor antes de acabar este 2024".
El Gobierno, concretamente el Ministerio de Derechos Sociales, justifica a Confidencial Digital que la financiación de la ley aún no ha llegado por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Explican que están negociando "un aumento importante" de las partidas para dependencia en los PGE del próximo año.
El Ejecutivo aclara que las ayudas las gestionan los gobiernos autonómicos, que tienen sus propias partidas presupuestarias y que desde el Gobierno se financia a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). "Nuestro objetivo es continuar incrementando la partida para dependencia, no solo para seguir reduciendo las listas de espera, sino también ahora para atender específicamente a todas las personas con ELA que ya están incorporadas en este sistema".
Las cantidades económicas más inmediatas que supone la Ley ELA y que dependen del Gobierno son las siguientes: cobertura del 50% de las cotizaciones para las personas que pasen a cuidar a personas enfermas de ELA, se estima que supondrá una cantidad de 36 millones de euros al año.
La ley garantiza también un plazo máximo de tres meses para resolver la revisión del grado de discapacidad y del derecho a prestación en el SAAD. Esto supondrá que las personas con ELA accedan antes a las deducciones de IRPF para personas con discapacidad, estimándose una cantidad total superior al medio millón de euros por año.
El pasado martes en el Congreso de los Diputados el Partido Popular, tras un tenso debate, presentó una iniciativa de Proposición No de Ley para que la financiación de la Ley ELA no tuviera que depender de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2025.
Finalmente, en el día de ayer, el texto salió adelante por unanimidad y la Cámara Baja insta al Gobierno a que "garantice, con independencia de que se aprueben o no nuevos los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025, la dotación presupuestaria que resulte necesaria para asegurar todos los avances contemplados en la Ley ELA".
"Después de 47 días publicada en el BOE hay ley pero sin financiación", criticaba la diputada del PP, Esther Muñoz, al tiempo que recordaba que la "Ley General Tributaria permite que se puedan hacer dotaciones extraordinarias con fondos de contingencia o con créditos extraordinarios, sin necesidad de PGE".
En respuesta a la iniciativa del PP, el diputado del PSOE, Emilio Sáez, ha remarcado que "son las comunidades autónomas las que deben coordinar el despliegue de la Ley ELA y son, precisamente, las gobernadas por el PP las que están fallando".
