El Gobierno presentó este martes el anteproyecto de ley que reforma el derecho de rectificación, vigente desde los años 80. El texto obliga a los perfiles con más de 100.000 seguidores en redes sociales a tener que respetar dicho principio, al que solo los medios tenían que adherirse hasta ahora.
Pero el motivo de fondo de esta medida, según ha sabido Confidencial Digital, es contrarrestar la enorme difusión que tienen los “bulos” —en palabras del propio Ejecutivo— en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram. Hace años que en Moncloa y Ferraz preocupa el surgimiento de cuentas en redes sociales como X —antes Twitter— que difunden contenido “inexacto o directamente falso”.
“Que cualquier portal publique una mentira nos preocupa relativamente, lo que más daño hace es la cantidad de veces que ese contenido se reenvía luego vía mensaje. Ahí es imparable”, admitían hace meses altos cargos socialistas a Confidencial Digital.
Aunque el Gobierno quería retocar algunos aspectos del derecho de rectificación, el principal motor de esta norma es arremeter contra perfiles con muchos seguidores que, en consideración del Ejecutivo, “intoxican” con informaciones falsas y tienen mucho más impacto que los medios tradicionales.
Esta norma, en principio, afectará a todas aquellas cuentas con más de 100.000 seguidores en Instagram, X, Facebook, Telegram o cualquier red social. Y también a quienes alcancen dicho montante sumando todos los seguidores de distintas plataformas, así como a medios de comunicación.
Pero el punto de mira no es tanto evitar ciertas publicaciones que en el Gobierno consideran inevitables, sino poder combatir su recorrido en las aplicaciones de mensajería instantánea. El Ejecutivo ha detectado que es ahí donde esos “bulos” —como los denominan— vuelan “como la pólvora” y resulta casi imposible desmentirlos.
La aplicación WhatsApp ya intentó advertir a sus usuarios de este tipo de contenidos que suelen reenviarse de un móvil a otro, y añadió el texto “reenviado muchas veces” a aquellos mensajes que habían pasado de un teléfono a otro. Pero en el Gobierno consideran que la tendencia no se ha reducido, más bien al revés.
La nueva normativa, que aún está en fase previa y sujeta a modificaciones, extiende el derecho de rectificación a perfiles con 100.000 seguidores en una o entre todas sus cuentas.
En la práctica, esto supone que cualquier ciudadano puede exigir a los responsables de estas cuentas que corrijan sus contenidos si consideran que contienen “información falsa o inexacta” sobre ellos, según explicó este martes el ministro de Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Al estar obligados a rectificar, los propios seguidores de estos usuarios conocerán que la información difundida no es correcta. En definitiva, es un modo rápido, según consideran en el Gobierno, de llegar a los seguidores de estas cuentas que pueden no frecuentar medios tradicionales que desmientan el contenido.
Además, estas publicaciones reenviadas vía WhatsApp o Telegram suelen llevar un enlace al medio o al perfil del usuario. Con esta normativa, en cuanto el lector clique en dicho hipervínculo y sea redirigido a la cuenta en cuestión, podrá observar la rectificación. El desmentido debe tener un lugar igual de importante que la noticia rectificada.
Otro de los planteamientos de la nueva ley es que las correcciones tengan prácticamente el mismo altavoz que la información errónea. Hasta ahora, un medio podía elegir dónde ubicar el rectificado —habitualmente, en lugares de poca visibilidad—. La normativa busca que se dé el mismo altavoz para reparar el daño.
Así, cualquier ciudadano que reciba un “bulo” y clique en él, será dirigido al perfil en el que debe estar visible la rectificación. En el Gobierno consideran que este nuevo mecanismo, además de extender la responsabilidad de publicar información correcta a influencers, es la manera más directa de que los propios seguidores conozcan que determinadas publicaciones son falsas.
Para exigir una rectificación, el afectado puede escribir a un correo o dirección disponible. No será necesario remitir el mensaje al director —como hasta ahora— para que, aquellos medios que no faciliten quién es el responsable, no se libren de recibir una de estas demandas.
Además, tanto webs como los perfiles con centenares de miles de seguidores tienen que habilitar de forma clara y visible una forma de contactar con ellos para que cualquier ciudadano pueda exigir la corrección de una información que le afecte.
