El Perú busca mejorar su infraestructura de saneamiento, por lo que requiere expandir y modernizar el acceso al agua potable en las zonas más vulnerables. Además, las consecuencias del cambio climático han llevado a que muchas ciudades enfrenten la escasez de este recurso vital, lo que afecta de manera adversa la calidad de vida de sus habitantes.
A raíz de esto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció la finalización, en el presente año, de varios proyectos de saneamiento urbano, lo que beneficia a cientos de miles de familias en diversas regiones del país. Así, estas iniciativas han proporcionado acceso a agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, lo que mejora la calidad de vida de miles de peruanos y peruanas. A continuación, te contamos los detalles de la ampliación de la infraestructura de este recurso.
El Ministerio de Vivienda reportó que se realizaron 32 obras mediante el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y fueron destacadas por el titular de la cartera, Durich Whittembury, ya que ayudan a cerrar brechas de infraestructura. De esta manera, se favoreció a familias de las siguientes regiones del Perú:
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Los 32 proyectos contaron con una inversión superior a S/524,71 millones. En consecuencia, se ha facilitado la creación de 4.649 nuevas conexiones de agua potable, además de mejorar 4.487 conexiones previamente establecidas, según el Ministerio de Vivienda.
Asimismo, en el ámbito del acceso al alcantarillado sanitario, se han establecido 5.794 nuevas conexiones, complementadas con la rehabilitación de 5.040 existentes. Estas acciones han contribuido significativamente a mejorar la evacuación de aguas residuales domésticas en los hogares beneficiados.
La implementación de los proyectos se llevó a cabo con el apoyo de las municipalidades provinciales y distritales de las áreas afectadas. En general, estas iniciativas han permitido optimizar el servicio, lo que garantiza la calidad y la continuidad en el suministro para las familias beneficiarias.
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El “Bono Justo” se implementa a través de la Ley N° 32196, promulgada por el Ministerio de Vivienda. Este subsidio busca ofrecer una compensación económica a las familias que han sufrido las consecuencias del incumplimiento de compromisos contractuales por parte de las inmobiliarias que participaban en el programa Techo Propio. Incluso, está orientado a solicitantes que fueron víctimas de empresas que emplearon el nombre del plan estatal sin la autorización correspondiente.
De acuerdo con la normativa vigente, aquellas familias que no lograron concretar la compra o construcción de su vivienda de interés social (VIS) tendrán la oportunidad de acceder nuevamente a este beneficio, siempre que cumplan con condiciones iniciales. A su vez, la norma también confiere al Fondo Mivivienda la autoridad para emprender acciones legales con el fin de recuperar los montos del Bono Familiar Habitacional (BFH).
