En 1974 Serrano integraba el movimiento estudiantil opositor al régimen, además de militar en la Liga Comunista: fue detenido, torturado y encarcelado en carabanchel, y acabó indultado por el rey Juan Carlos tras la muerte del dictador
La Fiscalía insiste en que los jueces investiguen las torturas del franquismo a dos hermanos en los calabozos de Via Laietana
Sus palabras tienen ese tono característico de las personas de convicciones firmes. Con 67 años, medio siglo después de su primera detención, Carlos Serrano se ha convertido en el último querellante contra los crímenes del franquismo a través de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua). Militante en la Liga Comunista, fue detenido dos veces por su actividad opositora al régimen. Le torturaron. Le amenazaron. Le encarcelaron. Ahora, dice, solo quiere conseguir la justicia que nunca tuvo.
Hace cinco décadas, Serrano vivía en el madrileño barrio de Lucero junto a sus padres, su abuela y su hermano. Siempre gozó de cierta conciencia de izquierdas y antifranquista. Sostiene que, aunque con excepciones, en aquel tiempo era algo que se heredaba. “La familia de mi padre había sufrido una represión exagerada por parte del régimen. Incluso uno de mis tíos tuvo que vivir con un nombre que no era el suyo para que no le apresaran y otro murió en Mauthausen”, cuenta. Tenía 15 años cuando comenzaron las primeras escaramuzas para él. En el instituto integró los llamados comités de curso. Estudiaba en el Cervantes, en Embajadores. Era 1970 y todavía quedaban cuatro años para su primera detención.
Se matriculó en Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), aunque nunca acabaría la carrera tras diversas encarcelaciones los dos primeros cursos. “Era 1974 y la sociedad bullía. Recuerdo que en aquellos tiempos la Policía respetaba mucho más la jurisdicción universitaria que ahora, así que aprovechábamos para organizarnos entre clase y clase a sabiendas de que era difícil que pudiera entrar en las facultades”, rememora. Ese año empezó a militar en la Liga Comunista (LC), una organización trotskista y escisión de la Liga Comunista Revolucionaria.
Serrano sostiene la foto de carnet que durante unos meses le identificó como estudiante de la UAM. Todavía tiene la marca del sello de la universidad. Mientras la guarda en una pequeña cajita de plástico, cuenta su primera detención por parte de la policía franquista. “Era el 4 de mayo de 1975, yo tenía todavía 17 años. Habíamos organizado un salto”, dice. La idea era que, tras escuchar una consigna pactada, decenas de estudiantes como él interrumpieran el tráfico por unos momentos en la plaza de la Cebada, en el centro de la capital, para gritar soflamas contra la dictadura y lanzar pasquines al aire.
“Antes de llegar a la plaza ya nos pilló la Policía, a mí y a tantos otros compañeros. En la esquina con la calle Toledo me esposaron y me metieron en un coche”, continúa. En ese momento también le quitaron una cadena de hierro que llevaba consigo por si hiciera falta defenderse de la Policía, sostiene el propio Serrano. “Ya ves tú lo que podría haber hecho con ella, si tenía 17 añitos”, ironiza.
La pesadilla no había hecho nada más que comenzar. Aquella mañana hubo hasta medio centenar de detenidos, conducidos todos a la Puerta del Sol, sede en aquel tiempo de la Dirección General de Seguridad (DGS). “Los calabozos estaban llenísimos y a mí me metieron con otro chaval que no conocía. Al principio pensaba que podía ser algún compinche de la Policía para hacerme cantar, y él creía lo mismo de mí”, dice. Pronto se dieron cuenta de que conocían a gente en común y las sospechas se esfumaron.
Los interrogatorios no fueron fáciles. “Me torturaron y amenazaron. Además, estaba totalmente incomunicado. Mi familia no sabía nada de lo que me estaba pasando, ni por supuesto tenía acceso a un abogado. Aun siendo menor, recibí el mismo maltrato que mis compañeros”, recuerda. Le terminaron acusando de manifestación ilegal, asociación ilícita y tenencia de propaganda ilegal. Por todo ello, fue condenado a una multa de 100.000 pesetas, lo que equivalía a justo un mes de prisión.
No tuvo ni la opción de pagarla. “Directamente me llevaron a Carabanchel, superé el periodo sanitario de tres días sin poder estar en contacto con otros presos y me integré en la tercera galería, con los demás presos políticos, después de estar tan solo dos días en el reformatorio, donde me correspondía por mi edad”, dice mientras enseña un informe realizado por la Brigada Político-Social franquista sobre el movimiento estudiantil, en el que aparece su nombre.
Todavía se emociona un poco al recordarlo: “Yo aluciné, nunca me hubiera imaginado que la gente pudiera vivir así”, enfatiza. Le llamaron “el Cadenitas”, por tener 17 años y la cadena que le requisaron durante el salto. “Vi que los presos se organizaban en comunas, que hasta podían cocinar un poco en las celdas y tenían su propia biblioteca. Esas condiciones habían sido resultado de las luchas, plantes y huelgas de hambre que los presos políticos habían llevado a cabo con anterioridad”, ilustra.
Cuando salió ya era verano, decidió retirarse un poco de la circulación en Madrid para irse a su pueblo. “Al salir de la cárcel estás quemado. Tienes que ir con mucho cuidado para no facilitar el arresto de otros compañeros, porque seguro que nos continuaban siguiendo, por eso decidí desaparecer unos meses”, expresa. En septiembre volvió. Sus ansias de lucha y libertad no le dejaron rehuir la militancia, así que se integró de nuevo en la LC, así como en la militancia vecinal.
Al mismo tiempo que señala sus huellas dactilares, inmortalizadas en la ficha policial que le realizaron, remarca que el régimen apenas le dejó respirar. “El 25 de octubre del mismo 1975, un día antes de que cumpliera los 18 años, me volvieron a detener”, desarrolla. Esta vez el arresto fue diferente. La Policía se presentó con subfusiles en su casa de Lucero. “Mi padre lo intentó evitar, pero no pudo hacer nada. Yo creo que vieron una casa tan pequeña y de clase trabajadora, porque ahí vivía junto a mis padres, mi hermano y mi abuela, con camas por todos los lados, que apenas la registraron”, señala.
Sus huesos dieron de nuevo en la DGS. Serrano tenía miedo, más que hacía unos meses. “Esta vez no sabía de qué me podían acusar. Además, en ese tiempo no paraban de producirse atentados y, aunque yo siempre me he opuesto a la lucha armada, desconocía si me iban a meter algún marrón de esos”, en sus propias palabras. Aquella incertidumbre, confiesa, fue más difícil de sobrellevar que las torturas que recibió, otra vez.
Terminó acusado de pertenecer a la Platajunta. La Platajunta fue una coordinadora en la que se integraron la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática, dos organismos en los que se agruparon fuerzas políticas opositoras a la dictadura. “Decían que había puesto carteles en la UAM llamando a la subversión para derrocar al régimen”, añade el fotógrafo de profesión. Volver a Carabanchel se convirtió en un alivio.
Al menos ya habían pasado las peores torturas y en la prisión podría estar con algunos de sus compañeros. Se enfrentó a una multa de 200.000 pesetas, así que le esperaban dos meses más de encarcelamiento. “Todavía seguía asustado porque la investigación estaba abierta, así que no sabía si me acusarían de algo más”, agrega.
Franco murió con Serrano entre rejas. El 25 de noviembre de 1975, el rey Juan Carlos dictaminó un indulto. Este joven estudiante y vecino de Lucero salió en libertad tres días más tarde. No volvió a su casa y fue de trabajo precario en trabajo precario. Se llegó a matricular del segundo curso de Económicas, pero tras la detención dejó de acudir a clase. “A mí siempre me gustó mucho el periodismo, así que con el tiempo y de forma autodidacta me convertí en fotógrafo, y de eso he vivido hasta ahora que me he jubilado”, explica.
Ahora tiene 67 años y quiere que se haga justicia. A través de Ceaqua, Serrano ha interpuesto una querella en los tribunales madrileños para que se investigue su detención y las torturas que recibió. “Solo queremos la justicia que se nos ha negado desde hace décadas”, reitera este también integrante de la asociación de presos y represaliados por el franquismo La Comuna. “La impunidad tiene que terminar en este país”, sentencia el ahora querellante.
Serrano opina que “la Transición fue una estafa para que los mismos que estaban gobernando anteriormente siguieran en el poder, y eso queda patente en las depuraciones que no existieron ni en la judicatura, ni la oligarquía bancaria y empresarial, el ejército o la Policía”. Fue durante la Transición, concretamente en 1977, cuando se aprobó la Ley de Amnistía que casi medio siglo después sigue lastrando la investigación de los crímenes del franquismo.
Charo Arroyo, portavoz de Ceaqua, recalca que desde la organización ya han presentado más de un centenar de querellas por todo el territorio español, todas sin éxito. “A ver si acabamos cayendo en un juzgado que asuma la legislación internacional de Derechos Humanos y al menos investigue lo denunciado”, desea esta activista por la memoria.
Algo de esperanza todavía cobijan, sobre todo después de que los tribunales tomaran declaración a Julio Pacheco, también arrestado por la policía franquista y torturado en la DGS. “Archivaron el caso, pero fue la primera vez que un represaliado pudo relatar lo que sufrió en los tribunales españoles”, concluye Arroyo.
