El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este miércoles que jurará como mandatario reelecto, en un clima de “paz y tranquilidad”, el 10 de enero, cuando el opositor Edmundo González Urrutia -exiliado en España-, quien reivindica la victoria en los comicios de julio, insiste en que estará de regreso en Caracas para tomar posesión como jefe de Estado.
En un acto transmitido por el canal estatal VTV, Maduro expresó que ese día, junto con “millones de hombres y mujeres que estarán en las calles”, acudirá a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlada por el chavismo- para jurar el cargo de presidente para un tercer sexenio en el poder.
Afirmó que irá a “la única” AN que hay en el país y “no la farsa” y la “estupidez que reconocen” en Estados Unidos, en referencia al Parlamento de 2015, de mayoría opositora, considerada por Washington como “la última institución elegida democráticamente” en la nación caribeña.
Por otra parte, Maduro recordó que el próximo año se celebrarán las elecciones parlamentarias, así como las regionales y locales, procesos a los que se sumarán seis consultas de proyectos comunitarios, de las cuales una estará relacionada con la juventud y otra con la cultura, por lo que 2025 será -agregó- una “fiesta de democracia”.
Nicolás Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganador de los comicios del 28 de julio con base en unos resultados que todavía se desconocen de manera desglosada, pese a que el cronograma aprobado para este proceso establecía su publicación.
Entretanto, la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- reclama el triunfo de Edmundo González Urrutia, según el 83.5 por ciento de las actas que asegura haber reunido mediante testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno considera falsos.
Recientemente, el opositor reiteró que se ve asumiendo el cargo para el que fue “votado por la mayoría”, aunque admitió que, “de momento, entre quienes aún controlan el Estado venezolano, no existe ninguna disposición de acatar la voluntad ciudadana expresada en las elecciones”.
La oposición mayoritaria de Venezuela hizo el martes 17 de diciembre un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) - que investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país- a que documente las tres recientes muertes de detenidos en el contexto de las protestas contra la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro.
En un comunicado, la mayor coalición antichavista -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- pidió a este tribunal de La Haya y, en general, a la comunidad internacional y defensores de derechos humanos que, ante “estos sucesos que hoy enlutan a familias venezolanas”, documenten esos “dolorosos casos”.
El pasado lunes, ONG y opositores denunciaron la muerte en prisión de Osgual Alexander González Pérez, de 43 años, detenido el 1 de agosto junto con su hijo, de 19.
Este caso se sumó al de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, detenido el 2 de agosto junto con su esposa y fallecido el pasado jueves; y al de Jesús Manuel Medina Martínez, de 36, aprehendido el 29 de julio, quien murió el pasado noviembre, según organizaciones no gubernamentales.
La PUD condenó “las muertes de ciudadanos bajo custodia del Estado que, lamentablemente, han sido verificadas, por la falta de atención médica oportuna”.
Según la alianza opositora, la situación que “sufren los presos políticos y comunes en las cárceles venezolanas son violatorias de los derechos humanos y se constituyen en delitos para quienes tienen la responsabilidad de brindar la debida y oportuna asistencia médica y no la garantizan”.
“Esta denegación de acceso a la salud ha ocasionado la muerte de varios ciudadanos, a quienes se les negó la debida atención médica, a pesar de que, en muchos de los casos, han sido hechos públicos y notorios las solicitudes y denuncias de sus familiares”, aseguró el bloque.
Por tanto, exigió la libertad de “todos los presos políticos” en Venezuela, cifrados en 1.913 por la ONG Foro Penal- y “justicia para las víctimas y sus familiares”.
