El hecho indiscutible es que el móvil del todavía fiscal general del Estado estaba vacío cuando fue analizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. No es que no contuviera pruebas de la filtración de secretos profesional que perjudicaban a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sino que, si las había, han desaparecido. La Fiscalía ha explicado que un protocolo de seguridad fechado en 2019 obliga a borrar mensajes en los teléfonos móviles, documento genérico que no especifica ni la caducidad de los mismos ni los procedimientos técnicos aplicados para el borrado; los criterios seguidos para la selección de mensajes y el personal especializado que lo lleva a cabo, por ejemplo. Y teniendo en cuenta que el afectado es el fiscal general del Estado y que se encuentra investigado por un delito de revelación de secretos cometido con el uso de tecnología telemática, la Fiscalía o el propio Álvaro García Ortiz tendrán que explicar cuándo se produjo el borrado y cómo es posible que no advirtieran de este hecho al magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Este silencio es un acto de mala fe que nada tiene que ver con el derecho de defensa. Una mala fe especialmente reprobable a quien, a día de hoy, sigue siendo el máximo responsable de los fiscales españoles, los mismos que diariamente solicitan a los jueces de instrucción el volcado de móviles para hallar pruebas de los delitos que investigan y que consideran un indicio de criminalidad la manipulación de estas fuentes de prueba. Y aunque se hubiera borrado procedimentalmente en su día el contenido de los mensajes que albergaba el móvil de García, debería ser este quien más interés tuviera en rescatar la temática y el alcance del resto de los mensajes que intercambió en esas fechas, con el fin de demostrar que no hubo ninguno que hiciera referencia al novio de Isabel Díaz Ayuso. Eso sería colaborar con la Justicia, algo que se le debiera suponer al máximo representante del Ministerio Público en España. En todo caso, la explicación ofrecida por la Fiscalía es inverosímil y pretende justificar que el móvil del principal investigado por la revelación de secretos quedara vacío mientras estaba en poder del propio investigado. Poco sentido tiene un protocolo de seguridad que elimina mensajes en el móvil del emisor, pero no en el del destinatario. Es probable que el magistrado instructor de esta investigación reaccione ordenando a la UCO una ampliación del informe técnico sobre las circunstancias de la desaparición de los mensajes en el móvil de García Ortiz. Sería una decisión razonable y, además, coherente con la relevancia de esta fuente de prueba, si bien su borrado no deja a cero el arsenal de indicios contra el fiscal general del Estado, a quien sí se le ha hallado un cruce de correos electrónicos sobre el asunto de Alberto González Amador en una cuenta personal, no la oficial de la Fiscalía. Los mensajes de García Ortiz hallados en el dispositivo de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también están debidamente registrados en la causa judicial y son explícitos. Pero, para indicio, el que acaba de aportar García Ortiz con el presunto 'lavado' de su teléfono móvil. Como también es indiciario de su oscuro comportamiento en este caso el testimonio del fiscal Salvador Viada , que confirmó ante el juez Hurtado que cuando la UCO procedía al registro de su despacho, García Ortiz consultaba un móvil junto a su número dos, Ángeles Sánchez Conde, en la propia sede la Fiscalía. No todo está borrado de la memoria.
