José Luis Ábalos busca cómo sacudirse la presión de la Justicia. El exministro socialista tiene ahora tiempo para moverse porque su condición de aforado va a dilatar unas semanas el inicio de la investigación judicial del Tribunal Supremo contra su figura y, como anticipo, ha empezado a mostrar sus cartas: va a disparar contra todo para tratar de defenderse. En este sentido, ayer mismo, denunció a la Guardia Civil ante la Fiscalía por la supuesta interceptación de una carta que le iba a entregar Joseba García (hermano de Koldo García) cuando era aforado y señaló, aunque tímidamente, al Gobierno: en concreto, a Fernando Grande-Marlaska.
Ábalos ha activado un camino para tratar de bloquear cuanto pueda la investigación judicial del Supremo. De hecho, en la denuncia recoge supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales con el horizonte puesto en la posibilidad de anular toda la instrucción si acabara procesado, aunque eso se antoja muy difícil. También es una cuestión que podría acabar en el Tribunal Constitucional, un órgano ahora mismo en el punto de mira por el control de una mayoría progresista y sus resoluciones favorables a los condenados por el «caso de los ERE» de Andalucía. En todo caso, este escenario queda todavía muy lejos porque para llegar al Tribunal de Garantías hay que superar toda la fase judicial previa. Además, también está por ver cómo acaba actuando la Fiscalía tras la denuncia. Ya en julio dio una rueda de prensa con la misma queja que ahora, y su denuncia no fue tomada en cuenta. Ahora, sin embargo, sobre todos sus movimientos pesa la sensación de que hay un pacto de no agresión con Moncloa, y esto aviva el interrogante sobre los futuros movimientos de la Fiscalía.
Aunque Ábalos esté ahora mismo en manos de la Justicia, no cabe duda de que todo el procedimiento va a tener un fondo político porque este contexto no beneficia en nada ni al Gobierno ni al PSOE.
De hecho, se ha podido percibir un viraje en la estrategia de los socialistas respecto a Ábalos. Y el propio Óscar Puente, ha pasado de situar al exministro en el disparadero, con un informe sobre la compra de mascarillas, a salir a defenderle tras las acusaciones del empresario Víctor de Aldama por el presunto amaño de adjudicaciones de contratos públicos.
Ábalos parece que quiere explotar ese viraje del PSOE metiendo presión a Marlaska: ayer apuntó al ministro por su responsabilidad en la «investigación ilegal» de la Guardia Civil y pidió que tomara cartas en el asunto, aunque matizó que no considera que esté
espiándole.
Ábalos recordó que hace unos meses hizo unas preguntas parlamentarias por escrito al Ministerio del Interior para que aclarara si estaba siendo objeto de una investigación, pero el Gobierno dio una respuesta poco clara: «La respuesta que tuve fue que la policía judicial solo investiga bajo mandato judicial. No me parece que este sea el caso». «Invito al ministro a que reconsidere esta respuesta», añadió en su comparecencia en la Cámara Baja.
No obstante, tampoco ha querido acusar a Marlaska de estar espiándole, sino que dejó entrever que tiene que tomar cartas en el asunto. «De tener conocimiento de eso, le perturbaría muchísimo porque además es juez. Pero le instaría a que no cerrara las cosas de forma apresurada y que cualquier indicio de este tipo lo aborde y este es muy fundamentado. Les cuesta muy poco, media hora como mucho, saber si se ha investigado. Pero que no se me conteste con algo tan obvio como que la policía judicial tiene que tener mandato judicial», añadió.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el exministro socialista explica que se habría vulnerado un derecho fundamental suyo dado que, en el marco de la investigación sobre el «caso Koldo» (en noviembre de 2023), se interceptó al hermano de su entonces asesor, Joseba García, documental que le afecta. Teniendo en cuenta que está aforado y que todavía no se ha autorizado su investigación por el Congreso de los Diputados, el exministro considera que estos hechos deben investigarse.
El exdirigente socialista explica en su denuncia que los hechos se remontan a noviembre del año pasado, cuando Joseba García, hermano de Koldo García, tenía previsto entregarle en su domicilio de Valencia documentación relativa a los contratos de pandemia que, a su vez, le había facilitado Koldo, teniendo en cuenta que entonces trabajaba como asesor suyo en el Ministerio de Transportes.
