Los diputados españoles se opusieron este jueves a prorrogar un impuesto excepcional sobre las empresas del sector energético, defendido por el gobierno de Pedro Sánchez, pero al que varios de sus aliados parlamentarios eran contrarios.
La extensión de este gravamen, incluida en el acuerdo de coalición que el Partido Socialista firmó hace un año con la formación de extrema izquierda Sumar, fue rechazada por 183 de los 350 diputados del Congreso, donde estas dos formaciones no disponen de una mayoría absoluta.
El impuesto fue derogado gracias al apoyo de los diputados del partido independentista catalán Junts y la formación nacionalista vasca PNV a una enmienda formulada por el Partido Popular (PP, derecha) para suprimir este gravamen, centro de un intenso pulso político desde hace semanas.
Este impuesto excepcional a las empresas energéticas se instauró a comienzos de 2023, junto a otro gravamen a los grandes grupos bancarios, para compensar las medidas de apoyo puestas en marcha para luchar contra la escalada de la inflación tras el inicio de la guerra en Ucrania.
Estas acciones fiscales, presentadas entonces como temporales, debían extenderse hasta diciembre de 2024. Pero los socialistas y sus socios de Sumar acordaron finalmente extenderlas, levantando el descontento de las empresas afectadas.
Varios gigantes del sector, entre ellos el grupo petrolero Repsol, amenazaron en octubre con suspender sus inversiones en España, necesarias para la transición climática del país, en caso de que se prorrogara el impuesto.
Ante estas críticas, el gobierno decidió a finales de noviembre renunciar a mantener el gravamen a los grupos bancarios, dejando en suspense el futuro de la tasa sobre las empresas energéticas.
La ONG Greenpeace lamentó el jueves la decisión de los diputados en un comunicado donde estimó que el PP, Junts, el PNV y el partido de extrema derecha Vox, que también se opuso a prorrogar la medida, "se venden a los intereses de las energéticas a costa de la ciudadanía".
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