Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes y es importante considerar particularmente las circunstancias de las mujeres en situación irregular, quienes a menudo son invisibilizadas. A pesar de los numerosos obstáculos, su aporte a la sociedad sigue siendo significativo y valioso. Las mujeres migrantes en nuestro país muestran una participación notable en sectores como las labores de cuidado y actividades económicas. Sin embargo, esta contribución sigue siendo frecuentemente ignorada.
¿Qué entendemos por “situación irregular”? Esto significa, en la práctica, la falta de documentación, lo que genera dificultades para el acceso a empleos formales o incluso a derechos básicos como los servicios de salud y educación. Es decir, que si no tienen papeles, tienen que trabajar en empleos inseguros e inestables, sin garantías ni redes de protección. También corren el riesgo de sufrir explotación laboral y abusos tanto en el trabajo como fuera de él. A menudo, su situación migratoria irregular las lleva a ocultar los malos tratos y abusos por miedo a la detención o expulsión, por lo que viven en completo silencio las vulnerabilidades a las que son expuestas.
Para las mujeres migrantes en situación irregular, esto es una doble vulneración. Por un lado, el propio acto de migrar implica una serie de conflictos relacionados no solo con su estatus migratorio, sino también con su género. Por otro lado, la migración irregular afecta principalmente a las mujeres, quienes cargan con el peso de las consecuencias de la desigualdad de género. Es fundamental reconocer tanto las dificultades como las contribuciones de estas mujeres en nuestra sociedad.
En los informes de Amnistía Internacional se ha documentado que muchas mujeres venezolanas, ecuatorianas y haitianas que buscan mejores condiciones de vida a través de la migración se han encontrado con una situación aún más compleja al llegar a Chile. En ocasiones, en sus países de origen enfrentaron diversas formas de violencia, pero al integrarse al país, su situación no mejoró. Muchas de ellas terminan siendo víctimas de violencia y trato deshumanizado en trabajos informales, o son explotadas, transformándose en víctimas de trata de personas o tráfico.
Por otra parte, las restricciones a nivel institucional generan que muchas mujeres se alejen de la institucionalidad. Si bien nuestro país ha firmado diversos tratados internacionales para la protección de las personas migrantes y de las mujeres, en la práctica, las políticas migratorias y los procedimientos siguen siendo inaccesibles, complejos y a veces arbitrarios. Así, las mujeres permanecen en la irregularidad, con todos los riesgos que esto conlleva incluso para quienes dependen de ellas. Entre los riesgos más alarmantes de la irregularidad están la trata y el tráfico de personas, que implican una silenciosa pero letal violencia contra las mujeres desprotegidas.
En el ámbito político, los planes de gobierno siguen sin abordar las necesidades urgentes. Por el contrario, surgen cada vez más iniciativas restrictivas centradas en el control de las fronteras y la penalización de la migración irregular, empeorando la situación de las mujeres, a pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de organizaciones feministas que han señalado la necesidad urgente de mejorar las condiciones de las mujeres migrantes.
El Estado debe comprometerse urgentemente a reconocer y proteger a las mujeres migrantes, especialmente a quienes se encuentran en situación irregular. Para esto, se requiere un acceso a la regularización migratoria, a la protección frente a la violencia y la creación de procedimientos que garanticen una vida digna.
Chile tiene una deuda con las mujeres que habitan en este territorio. Con el tiempo, hemos visto mejoras en relación a estos derechos, pero aún existen grandes brechas. Ante esto, el desafío que tenemos por delante es mayúsculo y exige transformaciones profundas en las estructuras sociales, políticas y económicas.
Es fundamental que haya un reconocimiento hacia todas las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. En este sentido, las mujeres migrantes irregulares constituyen uno de los grupos más invisibilizados y sometidos a diversas formas de violencia y marginación. El compromiso del Estado y la sociedad debe ser integral, para garantizar que todas las mujeres, sin distinciones, puedan acceder a sus derechos, vivir en dignidad y participar plenamente en la construcción de un país más justo e inclusivo.
