La Unidad Central Operativa (UCO) no ha hallado ningún mensaje en el móvil del fiscal general en las fechas clave de la filtración de los datos personales del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, hechos por el que Álvaro García Ortiz está investigado por el Tribunal Supremo (TS) por revelación de secretos, al igual que la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Así consta en un oficio que la Guardia Civil ha remitido al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que ordenó a la UCO el registro del despacho del fiscal general para que los agentes se incautasen de su móvil el pasado 30 de octubre en busca del rastro de esa filtración. El informe reseña que entre el 8 y el 14 de marzo pasados, el intervalo de fechas que reclamó el Supremo que se analizaran en los dispositivos intervenidos, figuran "0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea". Una ausencia de mensajes que apuntaría a un posible borrado de los mismos teniendo en cuenta el análisis del móvil de la fiscal jefe de Madrid, en el que sí figuraban mensajes remitidos por el fiscal general del Estado.
En cuanto a la copia de seguridad de su portátil, los agentes han encontrado almacenada una copia de dos correos electrónicos remitidos el 13 de marzo a las 23:45 con el asunto "denuncia Maxwell Cremona", la empresa con la que González Amador habría defraudado a Hacienda. Se trata, precisamente, de la cadena de correos intercambiados el 12 de marzo entre el fiscal del caso, Julián Salto, y el abogado de González Amador, y el reenvío a la Fiscalía Provincial de Madrid al día siguiente a las 23:44, un minuto antes de que se le remitiese a su vez a García Ortiz. En el mismo "se incluye como adjunto la denuncia" contra González Amador por dos delitos fiscales a través de Maxwell Cremona.
Además, los agentes hallaron en las fechas señaladas 45 correos electrónicos en la cuenta de correo institucional de García Ortiz "sin interés para la investigación".
La UCO atribuyó en un informe anterior al fiscal general una "participación preeminente en la filtración de datos privados y reservados de la pareja de Ayuso. Para la Guardia Civil, la filtración de la denuncia, que se divulgó dos horas antes de que el fiscal del caso se la comunicara a la defensa de González Amador, partió de la Fiscalía General del Estado. A este respecto, los agentes señalaban que de los mensajes de WhatsApp intervenidos se desprende que la denuncia contra el empresario "será filtrada a la prensa por parte de la Fiscalía General del Estado" publicándose el 12 de marzo, "tan solo cuatro días después de haberla recibido de manera completa desde la Fiscalía Provincial de Madrid". Esa filtración incluía "datos concretos, tanto como párrafos e imágenes que se corresponden con la denuncia realizada por la Fiscalía Provincial y el informe de la Agencia Tributaria" (estos últimos datos se incorporaron al actualizarse la noticia a las 8:34).
Pero no fue hasta las 9:23 cuando el fiscal de delitos económicos Julián Salto envió un correo para poner en conocimiento de la defensa del empresario esa denuncia, por lo que la UCO puso de manifiesto que "la prensa disponía del contenido de la denuncia contra Alberto González Amador antes que el propio interesado".
En cuanto a la filtración del correo de 2 de febrero en el que la defensa de González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía a cambio de reconocer el fraude tributario, la UCO apuntó que desde que lo recibe el fiscal general a las 21:59 del 13 de marzo y hasta que se publica por la SER a las 23:51 solo "un muy reducido número de personas" que tienen acceso a todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de González Amador, "entre ellos el que finalmente lo filtra".
La filtración, según la Guardia Civil, debió iniciarse en la Fiscalía (que quería responder al "bulo" de que el ofrecimiento de acuerdo al novio de Ayuso partió del Ministerio Público), y "dentro de la misma puede circunscribirse a la Fiscalía General del Estado y a la fiscal jefe Provincial, a la Fiscalía Superior, a la fiscal decana de Delitos Económicos y al fiscal de Delitos Económicos". Pero, dejaba claro tras el análisis del móvil de Pilar Fernández, es García Ortiz quien "comienza a impartir órdenes para recabar los correos mantenidos entre el abogado de la defensa y la Fiscalía", en lo que la Guardia Civil aprecia una "subordinación jerárquica".
