El Congreso de los Diputados finalmente ha aprobado la 'Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario', la norma de mayor alcance de esta legislatura en lo que concierne al Ministerio de Agricultura. Afecta a bares, restaurantes, a la industria agroalimentaria y a los agricultores. A todos los que comen menos a los consumidores. Sin embargo, la ley se ha aprobado de una forma más matizada a como la quería el ministro Planas, después de que PP, Vox, Junts y otros aliados de investidura hayan logrado imponer una serie de cambios en la sesión plenaria. PP, Vox y Junts han votado en contra de todos los votos particulares que habían presentado el PSOE y Sumar para revocar unas enmiendas interpuestas por la oposición en la fase de comisión. Además de eso, PP, Coalición Canaria y Esquerra Republicana (ERC) han conseguido introducir nuevas enmiendas al articulado, también con el voto en contra del Gobierno. Tal y como queda la norma -ahora debe pasar al Senado-, los bares y restaurantes y las empresas agroalimentarias que tengan una superficie de menos de 1.300 m2 quedan eximidos de tener que donar los excedentes de comida. Hay que recordar que este es uno de los puntos más importantes de la norma, l a obligación para todos los actores de la cadena –excluyendo a los consumidores– de tener un plan para la prevención del desperdicio en el que se indique con detalle cómo se distribuirán los excedentes, cosa que deberá hacerse con arreglo a un orden prioritario que empieza por el consumo humano y acaba por la obtención de compost. Esto es lo importante, porque la ley también incluye recomendaciones de buenas prácticas, como la promoción del consumo de productos de temporada, la venta prioritaria de los que estén cerca de la fecha de caducidad o la creación de lineales de 'frutas feas' en los supermercados. Y hay multas: de 2.000 euros por infracciones leves, como no donar los alimentos, de 60.000 por las graves, como no tener un plan de prevención, y de 500.000 por la reincidencia en una falta grave. Otros cambios sustanciosos introducidos gracias a las enmiendas de la oposición son la eliminación del IVA a las donaciones a entidades sin ánimo de lucro para la adquisición de alimentos y la posibilidad de que se puedan hacer contratos temporales de jornaleros para circunstancias imprevisibles. Esta norma es una de las que quedaron en el tintero por la convocatoria electoral de 2023. Entonces la tramitación parlamentaria fue sencilla porque había el consenso suficiente sobre la necesidad de su aprobación, entre otras cosas porque es una de las tantas piezas de legislación que en nuestro país están imbuidas del espíritu de la Agenda 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas en 2015. En 2018 se modificó la Directiva europea 2008/98 de residuos para adaptarla al Objetivo 12 de dicha Agenda, y al hacer esto su aplicación se convirtió en una obligación para los países miembros. Sin embargo, en esta segunda legislatura varias enmiendas de la oposición -en alianza con algunos socios de investidura- han puesto palos a las ruedas a la propuesta original del ministerio que dirige Luis Planas. A pesar de esto, Planas se ha mostrado satisfecho con el resultado esta mañana, porque en lo esencial el espíritu de la norma se mantiene.
