Tres acusaciones populares del "caso Koldo" -Hazte Oír, Iustitia Europa y Adade- ven detrás de las limitaciones impuestas por el Tribunal Supremo (TS) a la acción popular -excluidas de los interrogatorios- una posible causa de nulidad por vulneración de la tutela judicial efectiva. Pero según han puesto de manifiesto en una rueda de prensa conjunta de sus letrados, son renuentes a dar ese paso -a la espera del resultado de sus recursos ante el instructor, el magistrado Leopoldo Puente, y la Sala Penal del alto tribunal- "para no beneficiar" a los investigados, el exministro socialista José Luis Ábalos, quien fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, supuesto conseguidor de la trama.
Luis María Pardo, abogado de Iustitia Europa, asegura al respecto que hay que esperar a la posición que mantiene al respecto la Sala Penal del Supremo. Pero deja claro que la medida (que además canaliza la representación de las siete acusaciones a través del PP, que fue la primera en personarse en la causa) puede acarrear "la nulidad de las actuaciones". "Pero eso lo tiene que decir la Sala o el Tribunal Constitucional", ha precisado antes de anticipar que su asociación está dispuesta a llevar el asunto hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Se trata, alerta, de "un peligroso precedente" que les condena, se queja, a una "ceguera procesal".
En esa misma línea, el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, también aprecia en esa exclusión de las acusaciones populares "alguna causa de nulidad, que deberíamos instar las acusaciones". Para el abogado, la medida limita el principio de acusación y atenta contra la política de buen orden que debe regir en el proceso.
Por su parte Francisco Montiel, abogado de Adade (Asociación de Abogados Demócratas por Europa) -con una larga tradición en el ejercicio de la acción popular- admite que esa posibilidad "se nos pasa por la cabeza, es muy evidente, pero tenemos que valorar el beneficio y perjuicio que se produce, porque no queremos que vaya en beneficio de las defensas". Y es que, obviamente, instar una nulidad de las actuaciones significaría un balón de oxígeno para los investigados por la supuesta trama de reparto de comisiones millonarias en la adquisición de mascarillas en pandemia por parte de distintas administraciones.
"El Tribunal Supremo está a tiempo de rectificar su decisión", afirma Montiel, que señala que si finalmente lo hace "se eliminaría gran parte del problema que se ha suscitado". Y recuerda que también se ha planteado -así lo hizo otra de las acusaciones populares, la Asociación Liberum- la posibilidad de que sean dos los letrados que representen a las acusaciones "ante la disparidad evidente de intereses". Y es que junto a diversos partidos políticos (PP, Vox e Iustitia Europa) también ejercen la acción popular en esta causa diversas asociaciones "que venimos del ámbito civil y no tenemos esos condicionantes". El letrado ha recordado además que el propio Tribunal Supremo se ha negado a unificar a las acusaciones populares en la causa en la que se investiga por revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, investigado por un supuesto fraude fiscal.
