En ocasiones se subestiman los vínculos que sostienen las autocracias y cómo ello incide en los derechos humanos de quienes viven en ellas. No obstante, la evidencia empírica confirma que los regímenes autocráticos colaboran entre sí y que esta colaboración es vital para su permanencia en el tiempo y el control de las organizaciones de la sociedad civil y la oposición política. Una muestra de ello es cómo Cuba, Nicaragua y Venezuela se apoyan entre sí y, al mismo tiempo, aprenden de los mecanismos que se emplean en cada país para asegurar el control del poder.
Aunque se suele pensar que los regímenes nicaragüense y venezolano captan del cubano aquello que les permite cerrarse más, porque el modelo cubano representa la autocracia más cerrada de la región, el proceso transcurre en doble vía. En este sentido, el ejemplo más reciente es la adopción de leyes que privan de los derechos políticos y civiles a opositores y activistas por los derechos humanos. Esta práctica se implementó antes en regímenes como los de la Alemania nazi y la Italia fascista, pero quien primero la desarrolló legalmente en la troika autocrática latinoamericana fue Nicaragua.
La desnacionalización como forma de represión internacional tiene varias consecuencias. Al utilizar esta táctica sin enfrentar repercusiones tangibles, las autocracias establecen un precedente imitable por otros gobiernos. Esto erosiona los principios fundamentales de derechos humanos y del derecho internacional, y promueve la impunidad. La inacción de la comunidad internacional permite que estas prácticas continúen y se extiendan, lo cual afecta a los individuos y los sistemas de protección de los derechos humanos. Las autocracias de América Latina son conscientes de ello y lo explotan a su favor.
El 19 de enero de 2024 se conoció que en Nicaragua se aprobó una reforma constitucional que permite privar de la nacionalidad a los nicaragüenses condenados por “traición a la patria”, una figura legal empleada para perseguir a opositores y críticos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mediante esta reforma, se estableció que la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes, pero los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense.
Esta disposición se aprobó antes en primera instancia el 9 de febrero de 2023, el mismo día en que 222 presos políticos, entre ellos siete candidatos presidenciales, fueron liberados y expulsados a Estados Unidos, luego de ser sancionados por “traición a la patria”. Un día después, el Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó retirar la nacionalidad a esos ciudadanos nicaragüenses, basándose en una “ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense”, aprobada también el 10 de febrero.
Además de perder la nacionalidad, los 222 ex presos políticos fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular y se les suspendieron sus derechos como ciudadanos. El 15 de febrero de 2023, otras 95 personas, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y el exguerrillero Luis Carrión, también fueron despojados de su nacionalidad, tras ser imputadas por “traición a la patria” sin juicio previo.
Por su parte, en Cuba se aprobó una Ley de Ciudadanía en julio de 2024 que faculta al presidente para despojar de la ciudadanía por decreto a quienes se alisten en “cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra el país o sus ciudadanos” y a quienes realicen “actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales” de la isla. El afectado debe radicar fuera del país o contar con otra nacionalidad, aunque se contemplan excepciones por motivos graves. En estos casos la privación de la ciudadanía cubana es posible que genere una situación de apatridia.
Al igual que la ley nicaragüense, la cubana pretende controlar extraterritorialmente a los opositores políticos y activistas, pues constituye una herramienta adicional para reprimirlos fuera de las fronteras nacionales. Se trata de la implementación legal de una idea de Fidel Castro expresada en 1965, relativa a que las personas que salen de Cuba jamás serían consideradas como ciudadanos. Aunque aún no se ha publicado en el diario oficial del Estado cubano la Ley de Ciudadanía, es posible que con su entrada en vigor se aprecien situaciones como las ocurridas en Nicaragua.
En Venezuela, y en el contexto posterior al fraude electoral del 28 de julio, la Asamblea Nacional debatió una ley para inhabilitar de por vida a quienes apoyen las sanciones y anular sus documentos de identidad. La denominada “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela” se aplicará contra personas naturales y jurídicas, hayan o no ejercido algún cargo público por designación o por elección popular, que soliciten o apoyen sanciones internacionales, en correspondencia con lo pautado en el artículo 65 de la Constitución venezolana.
Según Iris Valera, diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y miembro de la comisión redactora, esta ley castigará a los “traidores a la patria”, como se considera a quienes apoyan las sanciones. También reiteró su respaldo a la inhabilitación perpetua, porque la Constitución establece en su artículo 44 que es la privativa de libertad la que no puede exceder de 30 años. Mientras, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, manifestó que “la traición a la patria es como una renuncia a la nacionalidad, pero respetamos eso, la Constitución dice que no pueden ser privados de su nacionalidad”. Sin embargo, reiteró que el Estado tiene un sistema de identificación que permite anular los documentos de identificación y de registro de empresas de los “traidores a la patria”, y eso es posible hacerlo por la vía administrativa.
Esta tendencia al empleo de la “traición a la patria” o de los “actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales” para privar de la ciudadanía o la nacionalidad a los opositores políticos y defensores de derechos humanos demuestra que la colaboración entre las autocracias de la región es permanente. También parece ser más activa que la de las democracias, porque mientras estas concilian sus posturas e intereses, las autocracias comparten una posición común respecto a la represión de los derechos humanos, tanto por medios legales como de otro tipo. De ahí que es necesario aumentar la presión externa sobre los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ya que se mantendrá la colaboración entre ellos y con sus aliados en otros países, porque es fundamental para su supervivencia.
Raudiel Peña Barrios es coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y Magíster en Derecho Constitucional por la misma universidad
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