Foto: Redes – Amigos de la Tierra Uruguay
La asociación civil Redes Amigos de la Tierra ha presentado un recurso de revocación y jerárquico ante el Ministerio de Ambiente en respuesta a la Autorización Ambiental Previa (AAP) otorgada al proyecto Neptuno. Esta acción fue formalizada el miércoles, y si el recurso es denegado, la organización planea acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en busca de justicia. El Ministerio tiene un plazo de 120 días para examinar el recurso.
La organización argumenta que la resolución que otorga la autorización es “inconveniente, ilegítima y contraria a las normas de derecho vigentes”. En el documento, se menciona que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por las empresas del Consorcio Aguas de Montevideo carece de suficiencia, lo que se evidencia en la imposición de al menos quince condicionantes a la autorización emitida. Esto indica una fragilidad significativa en la evaluación ambiental realizada, según la asociación.
El proyecto Neptuno, una iniciativa de asociación privada que se convirtió en una licitación pública, está destinado a construir una planta potabilizadora para proporcionar una fuente alternativa de agua a la zona metropolitana, extrayendo agua del Río de la Plata en el balneario Arazatí, ubicado en el departamento de San José.
El Ministerio de Ambiente concedió la AAP a inicios de la semana pasada, considerando que el proyecto no generaría impactos “inadmisibles”. No obstante, estableció un conjunto de condiciones obligatorias que deben ser cumplidas para su implementación. La organización rechaza esta decisión, argumentando que dichas condiciones podrían acarrear efectos “graves y relevantes” en el medio ambiente y subrayan que debieron ser abordadas antes de la autorización.
La autorización ambiental es un paso crucial para que el Poder Ejecutivo proceda con la firma del contrato con el consorcio. Sin embargo, el contrato aún no ha sido suscrito, lo que ha generado tensiones entre el gobierno actual y el próximo. El presidente electo, Yamandú Orsi, ha expresado su preocupación sobre el proyecto, planteando el dilema de los costos y la sostenibilidad del pólder.
En el recurso, Redes Amigos de la Tierra remarca que en 2023 ya habían presentado una acción de nulidad y suspensión administrativa contra el proyecto, la cual aún se evalúa en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). También subrayan haber planteado un total de 215 cuestionamientos al informe ambiental, los cuales no han recibido respuesta.
El documento de revocación señala que la autorización emitida menciona que los impactos ambientales negativos se abordarán con medidas que son factibles de implementar. La organización advierte que «las medidas pueden implementarse, sujetando su cumplimiento a condiciones no explicitadas». Esto, a su juicio, contraviene el principio precautorio, que es fundamental en el derecho ambiental.
Además, el recurso critica la inclusión de medidas de compensación, considerándolas como un indicio de “daño ya realizado”, viéndose como un mecanismo que justifica daño ambiental. La organización también se opone a la cláusula que permite la extracción de agua del río solo cuando los niveles de cloruros se mantengan por debajo de los 125 mg/l. Esto plantea un riesgo significativo, ya que la salinidad del Río de la Plata es una variable complicada de controlar.
Desde la organización, enfatizan que el acto de impugnación es ilegítimo y contrario a derecho, ya que no se llevó a cabo una. Esto constituyéndose en una violación de derechos reconocidos a nivel constitucional e internacional, por lo que significaría un serio obstáculo para la participación ciudadana en procesos de esta naturaleza.
