Las recientes afirmaciones de la exvicepresidenta y senadora electa Lucía Topolansky, quien sugirió que “hay gente que miente en las declaraciones” sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay, han desatado un fuerte rechazo.
Diversas organizaciones, en especial la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, han expresado su repudio, considerando que sus palabras atacan la legitimidad de un proceso de búsqueda de verdad y justicia que se ha sostenido a lo largo de los años.
La asociación, que representa a las familias de las víctimas, ve en estas declaraciones un intento de socavar la credibilidad de quienes han experimentado abusos y torturas. Sus miembros manifestaron que estas afirmaciones dañan el sistema republicano, dado que provienen de una figura pública de gran relevancia, como lo es una senadora electa. Se recalca que los testimonios recopilados a lo largo de los años han sido instrumentos clave para lograr que más de un centenar de represores sean condenados.
La lucha de las víctimas ha sido fundamental para alcanzar avances significativos en el ámbito judicial. De acuerdo con el comunicado de la Asociación de Madres y Familiares, la valentía de quienes han denunciado estas violaciones es lo que ha permitido que se logren sentencias en favor de las víctimas. “Son las víctimas de tortura, de abusos sexuales y tratos inhumanos, las que han tenido el coraje de denunciar y decir su verdad ante la justicia”, subrayaron, recordando el sufrimiento y la revictimización que enfrentan en el proceso.
Aunque existe la posibilidad de que algunos testimonios sean falsos, la organización sostiene que esta incertidumbre no debe servir para deslegitimar a la mayoría de quienes han hablado. Como indicaron, cuestionar la veracidad de las declaraciones de las víctimas plantea interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de estas afirmaciones. “¿A quién favorecen estas declaraciones? ¿Cuál es su objetivo?”, cuestionaron los familiares, enfatizando que tales declaraciones parecen proteger a quienes perpetraron los crímenes.
Ante la controversia, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio (FA) emitió un comunicado en el que se distancia abismalmente de los dichos de Topolansky, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos. En este documento, el FA subraya su “compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y su condena absoluta a los crímenes de lesa humanidad”.
La fuerza política instó a quienes tengan información relevante a que la presenten en las instancias correspondientes, reafirmando la importancia de mantener un respeto hacia la memoria histórica.
El FA también expresó su apoyo a las Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, resaltando que su lucha representa una causa colectiva que exige el compromiso de todos los sectores en Uruguay. Enfatizaron que “el respeto a la memoria histórica no es sólo un acto de justicia hacia las víctimas y sus familias, sino también una condición esencial para consolidar una democracia plena, basada en la verdad y los derechos humanos”.
El comunicado del FA concluye con una reafirmación de la confianza en los procesos judiciales en materia de derechos humanos, instando a que la información sobre posibles infracciones se canalice correctamente. “Por memoria, verdad y justicia y nunca más terrorismo de Estado. Siempre del lado de los derechos humanos”, cerraron, reflejando la necesidad de mantener la lucha por la justicia y la verdad.
