Varias comunidades autónomas estudian seguir los pasos de Cataluña, País Vasco, Navarra y Baleares y blindar de forma permanente las viviendas protegidas, según aseguró ayer el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, en un coloquio organizado por la Fundación Alternativas.
La protección permanente de este tipo de viviendas para que no puedan salir al mercado libre sin ningún tipo de limitación es una de las líneas en las que está trabajando el Gobierno para levantar un parque público de vivienda asequible duradero en el tiempo. El ministerio, de hecho, trató de establecer la protección permanente de la vivienda protegida construida en la Ley de Vivienda. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, como ha recordado Lucas, tumbó esta disposición al entender que invadía competencias de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las de vivienda.
Pero a pesar de este revés, la propia ministra, Isabel Rodríguez, instó en octubre en el Congreso de los Diputados a "blindar a perpetuidad la protección de las viviendas del parque público". Y ahí, afirmó, las "comunidades autónomas tienen mucho que decir y espero que este acuerdo sea unánime", según añadió.
El número dos de Vivienda aseguró que desde el año 80 se han impulsado casi 2,3 millones de viviendas desde las administraciones públicas con ayudas públicas, suelo público... "Pero fueron en régimen de propiedad. Y luego se descalificaron y entraron en el mercado privado de compraventa. Ha sido un gran problema que hemos intentado corregir con Ley de Vivienda, blindando la protección para que se puedan trasferir en las mismas condiciones en que se adquirieron. Pero el Tribunal Constitucional lo prohibió, aunque vamos a insistir para que los comunidades autónomas adopten esta protección", insistió Lucas.
Durante su intervención, Lucas destacó que, entre los factores que más inciden en la falta de oferta y han desequilibrado el mercado inmobiliario está el problema del suelo. "Se necesita suelo y seguridad jurídica para producir vivienda", dijo el secretario de Estado. A este respecto, Lucas lamentó que la modificación de la Ley del Suelo que promovió el Gobierno y que, según dijo, pactó con ayuntamientos y comunidades autónomas, no saliese adelante. No obstante, el cargo espera que haya "un cierto raciocinio para aprobar Ley del Suelo, que quiere arreglar un problema endémico y que permitirá desarrollar planes de urbanismo paralizados y necesarios para producir vivienda", añadió Lucas.
Lucas no aportó sin embargo en el coloquio muchos detalles sobre el tema de más actualidad en el sector, la empresa estatal de vivienda anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El secretario de Estado se limitó a asegurar que la sociedad se debería haber hecho hace tiempo y espera que esté lista lo antes posible y sirva para gestionar los suelos del Estado, las viviendas y sea un instrumento de colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y ayuntamientos para ser más eficaces y generar políticas de vivienda más potentes. Asimismo, apuntó el papel de la Sareb en esta empresa para que haya más disposición de vivienda en el mercado, pero no aportó más detalles.
Lo que sí aprovechó el alto cargo de Vivienda es para reprender a aquellos que culpan de todos los males del sector a la Ley de Vivienda. Lucas reconoció que hay demasiado ruido y que se necesita un debate público más sosegado y reflexivo y tachó de "exagerado y demagógico" hacer recaer en la Ley de Vivienda todos los problemas de las comunidades autónomas, sobre todo en las que no han declarado zonas tensionadas.
