La causa que se sigue en la Audiencia Nacional por un presunto fraude de hidrocarburos se prepara para adherir el contenido del teléfono móvil de Víctor de Aldama. El magistrado que dirige estas diligencias, Santiago Pedraz, recibirá en los próximos días el volcado realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en relación con el contenido de este terminal que podría alimentar el procedimiento.
Fuentes jurídicas y fiscales consultadas por LA RAZÓN explican que los agentes han estado trabajando en el volcado de este terminal desde su incautación el pasado mes de octubre. Con todo, y en el marco de la estrategia de colaboración impulsada por Aldama, éste ofreció las herramientas para desencriptar parte del mismo para facilitar la labor de los investigadores.
Además de ello, el ‘conseguidor’ del caso Koldo accedió a "orientar" a la Guardia Civil en la extracción de documentos, conversaciones y demás material que atesora en dicho teléfono y que podría afectar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El objetivo de este empresario es poder aportar dicho contenido en el ‘caso Koldo’ que se sigue en la Audiencia Nacional y su derivada en el Tribunal Supremo, que asumió la parte de las pesquisas que afectan al aforado José Luis Ábalos.
Las voces consultadas explican que la Guardia Civil ha hecho un primer expurgo de todo el material contenido en dicho terminal que no tendría relación directa con esta causa sobre hidrocarburos. No obstante, y una vez se reciba el volcado, el instructor procederá a un segundo expurgo para delimitar lo que forma parte de las diligencias. Todo ello se investigará en una pieza secreta a la que únicamente tendrá acceso la Fiscalía Anticorrupción.
A día de hoy, el procedimiento sigue bajo secreto de sumario, aunque se espera que se levante a principios del año que viene. En el marco del mismo se investiga una trama que habría defraudado 182 millones de euros el sector de los hidrocarburos. El pasado 10 de octubre se produjo el estallido de la operación y las detenciones, entre otros, de Aldama y su socio Claudio Rivas. Pedraz acordó prisión provisional para ambos debido a la gravedad de los delitos imputados (contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales) y para evitar la destrucción de pruebas.
El magistrado apuntó a un presunto desfalco de 182,5 millones de euros e identificó un desvío de fondos al extranjero cercano a los 74 millones de euros. En concreto se detectaron transferencias por esa cuantía a Portugal, Colombia y China, lo que ha motivado la emisión de diferentes comisiones rogatorias. En el epicentro de la causa se sitúan Aldama y su socio Rivas, aunque se habrían apoyado en varios testaferros y empresas pantalla para dificultar el rastreo del dinero desviado.
Con todo, dos meses después de enviarles a prisión, Pedraz ha acordado la libertad provisional de ambos. En el caso de Aldama se autorizó su salida el 21 de noviembre, mismo día que prestó la primera confesión en sede judicial. Tras desgranar todas las presuntas irregularidades que salpican al Gobierno, la Fiscalía Anticorrupción solicitó su libertad en el marco de esta causa de fraude por hidrocarburos. Pedraz accedió al requerimiento y esa misma noche el empresario abandonó la prisión de Soto de Real.
En lo que respecta a Claudio Rivas, dueño de la petrolera Villafuel, se acordó su libertad este pasado martes. El juez le impuso las mismas medidas cautelares que pesan sobre Aldama, esto es: prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado. Pedraz accedió a la solicitud del fiscal Anticorrupción Luis Pastor (mismo que litiga en el caso Koldo), y quien expuso que la prisión no era necesaria toda vez que en estos dos meses que ha permanecido encarcelado se ha avanzado en el estudio de las evidencias digitales incautadas y, por tanto, se ha podido "profundizar" en la investigación.
Al respecto, las fuentes consultadas por este medio determinan que, entre las evidencias a las que se refiere el Ministerio Público se encuentra el teléfono móvil del empresario petrolero. Al igual que han hecho con Aldama, los agentes de la UCO han inspeccionado el dispositivo de su socio y aportarán sus conclusiones también al juzgado. De hecho, el análisis de todo lo requisado abre la puerta a que el juez pueda levantar en las próximas semanas el secreto de sumario. Tras ese paso es previsible que el procedimiento entre en una nueva fase en la que se empiece a tomar declaración a todos los imputados.
Entre los investigados se encuentran cuatro personas detenidas esta misma semana por su presunta implicación en esta organización criminal. Entre ellas se encuentra Carmen Pano, la empresaria que asegura haber entregado 900.000 euros en metálico en Ferraz por orden de Aldama. Entre los arrestados se encontraban, además, su hija Leonor María González Pano, quien estaría implicada en este entramado dedicado a la creación de sociedades pantalla tanto en España como en el extranjero, para el ulterior blanqueo de capitales. La Guardia Civil les dejó en libertad, por lo que ninguno de ellos pasó a disposición judicial.
Así pues, en paralelo a los móviles incautados en la conocida como 'trama del fuel', la UCO prosigue también con el análisis de lo incautado en el caso Koldo. El estallido de esta última causa se produjo en febrero y en el marco de la misma se detuvo a más de una decena de personas, entre las que se encuentran Aldama o el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García. Fuentes de la investigación confirman que, aunque la Guardia Civil ya ha aportado informes con el análisis de las primeras evidencias, todavía quedan muchos oficios pendientes de entregar. En concreto, explican que se ha podido analizar un cuarto del total de 170 dispositivos electrónicos incautados.
Precisamente, los agentes ya requisaron un primer terminal a Aldama en su detención de febrero, si bien el segundo teléfono requisado, con motivo del caso del fuel, contendría también información que pondría en la picota al Gobierno. El conseguidor apunta ya a presuntos mensajes con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, y también a más pruebas por el presunto amaño de obras públicas mientras José Luis Ábalos fue ministro.
