La legislatura de Pedro Sánchez no le habrá servido todavía a Carles Puigdemont para conseguir que sea efectiva para su persona la amnistía, ni tampoco otros tantos compromisos firmados con el PSOE y que el expresidente catalán no se cansa de decir que todavía no se han ejecutado. Pero sí ha servido para que Junts recupere el papel hegemónico en Madrid de la antigua Convergéncia tanto en clave económica como fiscal.
Los primeros acercamientos del poder económico –principales empresas de Ibex, bancos, multinacionales con sede en España– fueron tibios, por aquello de que reputacionalmente todavía podía estar mal visto que te vieran «coquetear» con el partido de Carles Puigdemont. Aquellos pudores han sido absolutamente superados, y hoy puede decirse que los emisarios de Puigdemont se mueven por los círculos de poder como si fueran los representantes del ministro de Economía y de Hacienda del Gobierno de España. Esta es la fuerza que desde la distancia ejerce Puigdemont, una vez que sus portavoces han sido lo suficientemente hábiles como para ir reconstruyendo una red de complicidades y de contrapartidas entre empresarios y representantes de mundo de la industria y de la economía.
La política económica y fiscal pasa por lo que Puigdemont decida que hagan sus diputados, y esto explica que una reunión con la comitiva del expresidente catalán esté más cotizada que una reunión con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Además, estas relaciones ya no se ocultan, como ocurría al principio de la legislatura, porque a Puigdemont, y, sobre todo, a Junts, se les ha normalizado como un actor más dentro del juego de las relaciones entre el poder económico y la política. Para que salga una determinada medida, o se paralice otra, la llamada es a Junts, no a Hacienda, con un poder más preeminente incluso que el PNV, al darse por hecho que una vez que se convenza a Puigdemont, los vascos irán detrás.
Esta circunstancia se está visualizando de nuevo esta semana en la pinza de PP y Junts para matizar la reforma fiscal, también con mediación del PNV. Puigdemont es, asimismo, el antídoto más eficaz contra Sumar, no dejándoles pasar ni una. Los de Yolanda Díaz aguantan porque les va en ello mantener el coche oficial, pero Podemos no tiene ningún incentivo para seguir mirando hacia otro lado.
Todos estos elementos justifican pensar que a Puigdemont le interesa conservar el Congreso como principal punto de referencia para mantener la tensión con ERC y activar a su electorado en Cataluña. Y, por eso, entregarle la llave de los Presupuestos a Sánchez supondría perder una bala de plata que necesitan proteger.
Fuentes solventes explican a este periódico que, bien miradas las cosas, la solución más rentable es presentar exigencias imposibles de conceder por parte del Gobierno hasta que los Presupuestos caigan por descarte. Que no haya Presupuestos no es el fin de la legislatura, un escenario que, además, no parece que sea el más favorable para Puigdemont mientras sigue pendiente de la amnistía. Lo más útil es mantener una oposición aniquiladora del socialismo, sin tregua ni respiro, mientras no cambien las circunstancias.
