En coordinación con su frente de defensa y una asociación local, la municipalidad del centro poblado Relave, en la provincia ayacuchana de Parinacochas, decidió otorgar un plazo de 24 horas a los extranjeros para que abandonen voluntariamente su jurisdicción. Esta polémica medida fue adoptada debido a los constantes casos de extorsiones y robos que vienen sufriendo sus habitantes.
Asimismo, acordaron que dentro de este plazo se deben cerrar los bares y prostíbulos del campamento minero de Secocha, en el distrito de Mariano Nicolás Valcarcel, ubicado en la provincia arequipeña de Camaná. Así lo determinó la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha-Urasqui.
Pero no es todo, ya que también establecieron una estricta sanción para los ciudadanos que contraten o alquilen una habitación a los extranjeros, y se les impondrá una multa de 3.000 soles si faltan a esta disposición. “La población de Relave acuerda no dar trabajo a extranjeros. Si en caso de que dieran trabajo a extranjeros, serán sancionados bajo acuerdo del libro de actas de la población”, se especificó.
Ante esta situación, Ruth Elizabeth Huarancca Lindo, especialista en incidencia política del Servicio Jesuita a Migrantes Perú, señaló que, de los casi 1,5 millones de venezolanos que viven en Perú, solo el 0,15% ha sido denunciado por delitos, de acuerdo con un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Asimismo, indicó que esta respuesta de la población se debe a la falta de medidas efectivas contra la criminalidad por parte del Gobierno y la Policía. “Hacemos un llamado a las autoridades para que desarrollen estrategias y medidas efectivas que eviten esta generalización, la cual no solo afecta a una comunidad, sino también a las familias”, manifestó.
A nivel normativo, la especialista explicó que las normas que se contravendrían en este caso son la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Argumentó que estos instrumentos protegen derechos básicos, como al trabajo (artículo 23 de la Declaración Universal), a la igualdad ante la ley (artículo 24) y a la protección contra la discriminación (artículo 1 de la Convención).
“Es fundamental buscar el diálogo. Contamos con un manejo especializado en estos temas y podemos ofrecer al Gobierno nuestro conocimiento”, señaló preocupada.
