Las concesiones mineras en nuestro país ocupan alrededor de 20 millones de hectáreas, lo que representa el 15,61% del territorio nacional. De acuerdo con la organización CooperAcción, existen 15 empresas mineras que controlan cerca de 16 millones de hectáreas; es decir, el 80% del total.
“Sigue habiendo en el país una estrategia de acaparamiento de tierras a través de concesiones mineras, que no da derecho de propiedad superficial, pero que sí es un título vigente que permite a las empresas tener presencia en el territorio”, explicó el investigador José de Echave a este medio.
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Además, sostuvo que la minería ilegal le está disputando territorio a la formal en el Perú y para asegurar sus operaciones tiene aliados políticos en el Congreso. Una muestra de ello es el mayoritario respaldo que recibió en el Pleno la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses, el cual sirve como una espiral de impunidad.
Durante la presentación del 35° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, se refirió al caso del reservorio de Poechos, ubicado en el distrito de Lancones, provincia de Sullana, Piura, cuya superficie está concesionada en un 60% para minería, cuando existe una sequía histórica en dicha región.
Sobre este tema, la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, resaltó que "el Estado no está invirtiendo en hacer un diagnóstico sobre la escasez del recurso hídrico" en regiones como Cajamarca, donde la minera Yanacocha produce el 12 % del oro del país. En esa línea, informó que en agosto, la Corte Superior decidió que el proyecto minero Conga no debía avanzar por afectar el abastecimiento de agua.
Sin embargo, la empresa apeló y ha solicitado una audiencia adicional que ha sido programada para el 20 de diciembre. Para Vásquez, esta es una irregularidad en términos legales debido a que en la demanda de amparo no existe una etapa probatoria.
Por otro lado, Jaime Borda de la Red Muqui, indicó la necesidad de retomar la discusión sobre el ordenamiento territorial, ya que “no se puede hacer minería insostenible donde sea y como sea”, teniendo en cuenta la crisis hídrica en las regiones norteñas.
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Perú es uno de los países con mayores riesgos para los defensores ambientales. Intensas campañas de persecución y desprestigio se han propalado contra los pobladores de las zonas adyacentes al proyecto minero Las Bambas, que tiene 11 dirigentes sentenciados por ejercer su derecho a la protesta.
En el caso del Valle de Tambo en Arequipa, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, se encuentran cumpliendo una pena de un año de prisión, imputados por delitos como el entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y motín durante las manifestaciones de 2015 contra el proyecto Tía María. Además de ellos, Miguel Meza tiene pendiente una acusación más por disturbios.
Para David Velazco, director de Fedepaz, existe una práctica sistemática de persecución y amedrentamiento por parte del Estado contra los dirigentes sociales a través de la interposición de una serie de denuncias. En esa línea, enfatizó que existe una sentencia del Tribunal Constitucional del 2 de junio del 2020, la cual establece que se debe respetar el derecho a la protesta.
