Nogui Acosta, ministro de Hacienda, aseguró que el gobierno tiene interés en formalizar un nuevo acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinado a respaldar la demanda de préstamos para la prevención y mitigación de crisis.
En específico, se trata de la Línea de Crédito Flexible (LCF), cuyo objetivo es atender las necesidades reales o potenciales de balanza de pagos y brindar confianza a los mercados, tanto locales como internacionales, durante periodos de riesgos elevados.
“México, Perú y Chile tienen una Línea de Crédito Flexible que permite tener acceso a recursos en el momento que ocurra una situación en la balanza de pagos. Nosotros estamos trabajando para que en un futuro lo podamos tener como mecanismo de financiamiento”, confirmó el jerarca a La Nación.
Acosta añadió que, una vez que el país cumpla con los requisitos, se planteará la solicitud de acceso formal. “No hemos negociado (con el Fondo), pero nos interesa. Primero tenemos que verificar si podemos cumplir los requisitos”, subrayó.
El Fondo otorga la LCF a países que han recibido una evaluación positiva de sus políticas públicas durante la revisión del denominado Artículo IV, que analiza la situación económica y el marco fiscal de las naciones. Además, los países interesados deben comprometerse a mantener políticas de sostenibilidad futura.
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Con esta línea de crédito, el país solicitante puede obtener un préstamo equivalente a un porcentaje de sus derechos especiales de giro (DEG), con desembolsos que van de tres años y medio a cinco años, según información técnica del Fondo.
De acuerdo con el organismo multilateral, esta línea de crédito no exige la firma de un programa de reformas estructurales para desembolsar los recursos, ya que el país solicitante cumple previamente con el requisito de contar con políticas económicas y fiscales sólidas.
Costa Rica contaba, a setiembre pasado, con 437 millones de DEG disponibles en el FMI, es decir, aproximadamente $572 millones. Mientras que tiene un saldo pendiente de pago de $1.864 millones, el equivalente a 1.422 millones de derechos especiales de giro. El pendiente de pago corresponde a los programas del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).
El SAF fue aprobado el 1.° de marzo del 2021, por un periodo inicial de tres años, y luego se extendió por cinco meses más, en marzo del 2022. El crédito del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad recibió el aval de la Asamblea Legislativa, en octubre del 2023.
Entre las condiciones que establece el Fondo para acceder al LCF están que el país cuente con una posición externa sostenible, una cuenta de capital en la que predominen los flujos privados, historial de acceso estable a los mercados internacionales; así como finanzas públicas sólidas, incluida una situación sostenible de la deuda pública.
También pide un nivel de inflación bajo y estable en un marco sólido de política monetaria y cambiaria; supervisión eficaz del sistema financiero y transparencia en datos. Además de un nivel holgado de reservas internacionales, en el caso de Costa Rica eran de $14.078 millones a este martes 17 de diciembre, según el Banco Central.
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El FMI precisa, en la ficha técnica de la Línea de Crédito Flexible, que no es necesario un desempeño sólido en todos los requisitos de acceso. “Sin embargo, deficiencias importantes en uno o varios de estos criterios (...) indicarían por lo general que el país miembro no se encuentra entre los países con desempeño muy sólido”, se indica en el documento de la entidad.
El jerarca de Hacienda dijo que al gobierno le interesa esta línea de financiamiento y por esa razón están en el proceso de revisión de los requisitos y el nivel de cumplimiento del país. “Esto es como cuando se va a comprar un carro, se debe ver si la bolsa da y cumplimos los requisitos. Queremos acceso a mecanismos de financiamiento frente a incertidumbres”, reconoció.
Acosta añadió que como parte del proceso para cumplir con estas condiciones están el impulso legal a ampliar la independencia del Banco Central y de reformar la Ley de creación del fondo de garantía de depósito y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros.
