El Ejecutivo aprobará la prórroga en el Consejo de Ministros de la semana que viene ante el bloqueo de la mesa de negociación entre los socios
El Congreso aprueba la reforma fiscal con el impuesto a la banca y el compromiso de prorrogar el de las energéticas
El Gobierno dará luz verde a la prórroga del impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas eléctricas en el Consejo de Ministros de la semana que viene, el último del año. Antes de que decaiga la medida el 31 de diciembre, el Ejecutivo recurrirá de esta forma a impulsar por iniciativa propia la continuidad del gravamen mediante Real Decreto y tras constatar la imposibilidad de poner de acuerdo a todos los socios parlamentarios.
La mesa de negociación entre el ministerio de Hacienda y los grupos del Congreso volvió a convocarse este miércoles por la tarde. Al igual que la semana pasada, Junts y PNV, abiertamente en contra del impuesto, declinaron asistir a las reuniones. Y tampoco acudió Podemos, que fue quien exigió la convocatoria de esa mesa a cambio de apoyar la reforma fiscal, algo que sentó especialmente mal en el PSOE y en otros socios parlamentarios de izquierdas. Los de Ione Belarra argumentaron que no tenía “razón de ser” asistir a una cita en la que no existe posibilidad de acuerdo entre los aliados de investidura.
Hacienda, no obstante, mantuvo su compromiso con el resto de socios y las reuniones se produjeron en la tarde del miércoles con grupos como ERC, EH Bildu o BNG. El fiasco de ese foro impulsado por Podemos, sumado a la constatación de que resulta una quimera poner de acuerdo a los socios progresistas con los conservadores en cuanto a la fiscalidad de grandes corporaciones cuyos intereses también defienden los nacionalistas vascos y los de Carles Puigdemont, ha llevado al Gobierno a mover ficha por su cuenta y recurrir a la vía del Real Decreto.
Desde ERC, EH Bildu y el BNG confirmaron en un comunicado conjunto tal extremo tras las reuinones con Hacienda. “ERC, EH Bildu y BNG han acordado hoy con el Gobierno español la aprobación en el Consejo de Ministros, antes de fin de año, del Real Decreto que permitirá mantener el gravamen a las energéticas, con el objetivo de convalidarlo en el Congreso y tramitarlo como Proyecto de Ley para convertirlo en impuesto. En el diseño del texto se incluirán las bonificaciones a proyectos renovables propuestas por otros grupos, mostrando así nuestra voluntad de lograr un acuerdo amplio y equilibrado entre todas las fuerzas políticas necesarias para su aprobación”, reza el texto.
La nota de los soberanistas vascos, catalanes y gallegos añade que “de esta manera, se da cumplimiento al acuerdo alcanzado el pasado 18 de noviembre entre ERC, EH Bildu y BNG con el Gobierno para garantizar que las energéticas sigan pagando lo que les corresponde. La fórmula pactada —decreto y posterior tramitación— es la única posible para asegurar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025, así como su conversión en impuesto en pocas semanas y su concertación con las Haciendas forales vasca y navarra”.
En realidad, se trata de un paso más simbólico en lo político que en la repercusión real que pueda tener respecto a su aplicación. Al prorrogar el impuesto, en el departamento de María Jesus Montero consideran que habrán cumplido con su palabra dada a socios como Podemos, ERC o EH Bildu. Y que otra cosa será ya poder convalidar esa medida en el Congreso de los Diputados.
Una vez sea prorrogado el impuesto, su vigencia será automática en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado y tras decaer el impuesto actual el últio día del año. Pero luego deberá ser convalidado por la mayoría del Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. Y ahí es donde entrararán en liza de nuevo los votos de Junts y PNV, imprescindibles para alcanzar una mayoría parlamentaria de apoyos.
Tanto los nacionalistas vascos como los independentistas catalanes se han mostrado hasta la fecha inflexibles respeto a un tipo impositivo del que reniegan. Aunque entre las filas socialistas hay quien atisba una rendija para el entendimiento. La intención de Hacienda en el decreto de la semana que viene es introducir mecanismos de bonificación para las empresas que se comprometan a invertir parte de sus beneficios en la descarbonización de la energía. Un elemento que hay quien piensa en el Gobierno que podría servir de pista de aterrizaje para la demanda de Junts de que el gravamen no perjudique las inversiones previstas en Catalunya. Para la otra pata, la del PNV, también existe interlocución desde el Ejecutivo respecto a la demanda de que sea una gestión y una recaudación que asuma por completo el Gobierno Vasco.
El tributo se diseñó en 2022 para gravar los beneficios extraordinarios conseguidos por las empresas del sector energético por su capacidad de aprovechar la crisis de inflación para elevar los márgenes de sus negocios. “Tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social de país”, defendía Hacienda a finales de septiembre de este 2024, cuando publicó el dato de recaudación del tributo a grandes eléctricas y petroleras, que fue de 1.164 millones sobre sus ganancias de 2023, una cifra similar a la del año anterior.
Las cuatro mayores energéticas cotizadas de España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) alcanzaron un beneficio conjunto de 10.247 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024, superando las ganancias récord de 9.037 millones que lograron hasta septiembre de 2022. Ese año, los precios del gas natural pulverizaron todos los máximos tras la crisis energética que siguió a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Cepsa, que no cotiza en bolsa, suma casi 500 millones de beneficio neto en el mismo periodo de 2024, informa Daniel Yebra.
