El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad en el pleno de este miércoles nuevos nombramientos en la estructura interna de la Justicia.
El magistrado Ricardo Conde, de la Audiencia Provincial de Toledo, continuará en ostentando el cargo de promotor de la acción disciplinaria y, por tanto, analizará si admite o no a trámite la falta disciplinaria que presentó Carles Puigdemont contra el juez que instruyó el "procés" en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
La defensa del expresident prófugo, que encabeza el letrado Gonzalo Boye, presentó un escrito ante el CGPJ en el que acusó a Llarena de haber incurrido en una infracción disciplinaria por "desatender" y "retrasar injustificada y reiteradamente" la tramitación y resolución de los recursos que ha planteado contra la negativa del magistrado a aplicarle la amnistía.
El letrado del líder neoconvergente señaló al magistrado por no resolver dentro del plazo legal los recursos de reforma que presentó contra la resolución en la que este decidió no aplicarle la Ley de Amnistía al entender que la malversación de caudales públicos por la que está procesado entra dentro de las excepciones.
Pero también en relación al recurso que presentó el líder de Junts contra la nueva orden de detención nacional que el magistrado dictó en una segunda resolución el mismo 1 de julio en que dijo "no" a la amnistía de sus responsabilidades penales en el desafío soberanista catalán.
Expuso en su queja que el magistrado de la Sala Segunda tendría que haber decidido si admitía o no a trámite los recursos en un plazo que no cumplió. Teniendo en cuenta, señalaba, la fecha en que se interpusieron (8 y 9 de julio) contra el auto en el que rechazaba hacerle beneficiario de la medida de gracia, el día en que se dio traslado a las partes (22 de julio) y, por otro, el margen que para ello impone la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto es que la resolución debe efectuarse como máximo al segundo día de haber sido notificado a las partes.
Finalmente, Llarena acabó dándole salida, rechazándolo, el 10 de septiembre. Más de un mes más tarde de lo debido, según el expresident huido en Bélgica.
Por otro lado, Pablo Lucas, magistrado del Tribunal Supremo, seguirá siendo el competente para conocer las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y realizar la labor de control sobre ellas, durante los próximos cinco años después de que así lo propusiese la presidenta del Poder Judicial y del alto tribunal, Isabel Perelló. Está al frente de esta responsabilidad desde 2009 y es la tercera vez que se le renueva.Lucas está desde hace años en la diana del independentismo catalán por ser quién autorizó las escuchas de los servicios de inteligencia a dirigentes secesionistas con la aplicación israelí de espionaje Pegasus.
