El Tribunal Constitucional, a través de su Segunda Sala, anuló la orden de captura nacional e internacional y el proceso de extradición con el Reino de España del empresarios de la construcción, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, un ciudadano procesado por los actos de corrupción en el otorgamiento de la buena pro de la Carretera Interoceánica.
Camet Piccone, ex director de JJC Contratista Generales, se encuentra detenido en España desde el 16 de mayo de 2023, a la espera del proceso de extradición solicitado por el Perú para ser juzgado en los procesos por presuntos actos de corrupción y lavado de activos en relación con los sobornos pagados por la constructora Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo.
Los magistrados Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich consideraron que el Poder Judicial afectó los derechos del referido empresario, al no motivar de manera correctas las resoluciones judiciales que cambiaron la comparecencia simple por comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país, orden de fijar residencia en Lima y pago de caución, sin evaluar que Camet Piccone se encontraba residiendo en España desde el 19 de febrero de 2020.
Este es un duro golpe para el Equipo Especial del caso Lava Jato que lideran los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. En otra resolución de la misma fecha, la Segunda Sala del TC también les ordenó levantar la reserva y poner a disposición de la opinión pública el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la constructora brasileña Odebrecht. El caso de la Interoceánica forma parte del acuerdo.
Al anular dichas resoluciones, el TC también deja sin efecto las posteriores decisiones de los jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia y de la Corte Suprema, que ha pedido del fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial del caso Lava Jato, ordenaron su captura nacional e internacional, la detención internacional a Interpol con fines de extradición y la solicitud de extradición remitida a España.
Fernando Camet Piccone recobrará su libertad y podrá seguir enfrentando los procesos judiciales en su contra desde España. El empresario tiene pendiente el juicio del caso Interoceánica, que se siguió al ex presidente Alejandro Toledo.
En especifico, el TC cuestiona que los jueces no tuvieron en cuenta ni evaluaron que Camet Piccone se encontraba residiendo en España cuando se varía la orden de comparecencia simple por comparecencia con restricciones y se le impone fijar residencia en Lima, lo que era materialmente imposible, pues para ese momento ya había fijado residencia en España.
Se subraya el hecho que al momento de variar la comparecencia y disponer que fije residencia en Lima, en junio de 2022, aun se encontraban vigentes las restricciones de movilidad impuestas a nivel nacional e internacional por la pandemia del Covid-19. Lo mismo sucede cuando, en diciembre de 2022 se le dicta prisión preventiva por 24 meses.
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El Tribunal Constitucional explica que se ordenó fijar residencia en Lima, lo que motivo la posterior orden de prisión preventiva, "sin analizar si dicho cumplimiento se hacía posible o no para el momento en que fueron dictadas y en un contexto en el que por efectos de la pandemia decretada, no se hacía posible un inmediato retorno, debiéndose recordar al respecto que la Pandemia por el Covid 19 finalizo oficialmente hacia los primeros días del mes de mayo del año 2023, mientras que el fin del estado de emergencia sanitaria, por lo menos en nuestro país, quedo oficializado a través del Decreto Supremo 130-2022-PCM del 27 de octubre del 2022".
"Este Tribunal considera que los argumentos desarrollados en la resolución (judicial) resultan circulares o abiertamente reiterativos, pues inciden en las mismas consideraciones y vicios que acompañaron a sus predecesoras, dando por sentado, sin base objetiva alguna, que toda persona que se encuentra investigada pero al mismo tiempo fuera del país, necesariamente representa un riesgo para los objetivos del proceso sin merituar en momento alguno que el recurrente, ha venido participando y ejerciendo sus derechos procesales tanto en forma virtual como a través de su propio abogado defensor", precisa el TC.
Fernando Camet Piccone se encuentra procesado y acusado por los delitos de colusión y lavado de activos.
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En el delito de colusión se indica que Camet Piccone, en condición de director de la empresa JJC Contratista Generales SA intervino en diversas irregularidades en el proceso de licitación, en los contratos y sus modificatorias, en las adendas del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, IIrsa Sur, lo que permitió el acuerdo ilícito entre entre Alejandro Toledo Manrique y Jorge Simoes Barata —exdirectivo de la empresa Odebrecht
Respecto del delito de lavado de activos se le atribuye haber participado en la toma de decisión de la Junta General de Accionistas del Concesionaria tramo 2 SA y Concesionaria tramo 3 SA, junto a los representantes de las empresas Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, Graña y Montero SA, e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA para ceder a Odebrecht parte de las utilidades, por la suma de S/ 11 331 424.43 y USD 4 120 517.97 por el concepto de “riesgos adicionales”, con los que se habrían pagado los sobornos al expresidente.
