Un colectivo que congrega a 88 instructores de surf denuncia que extranjeros en condición migratoria irregular imparten clases a vacacionistas sin cumplir requisitos mínimos que verifiquen que cuentan con la preparación para brindar el servicio.
La asociación Surfistas Locales CR reclama que estas personas ofrecen lecciones a una cuarta parte del precio de mercado, no pagan patentes municipales, registros ante el Ministerio de Hacienda, pólizas ni seguros.
Según explicó Henry Miranda, presidente de la Asociación de Instructores de Surf de Tamarindo, estas clases son impartidas en su mayoría por extranjeros aficionados al surf que visitan el país con visa de turista, que avala su permanencia por 90 días. No obstante, cuando se vence ese plazo, permanecen en territorio nacional en condición migratoria irregular y empiezan a dar clases para subsistir.
Miranda detalló que, en promedio, las clases normales de surf tienen un costo de $70 la hora por persona. Señaló que estas personas cobran desde $15 hasta $30. Alega que esto precariza el mercado y pone en riesgo la vida de los vacacionistas, ya que no es posible verificar si los foráneos están capacitados y tienen conocimientos básicos de primeros auxilios.
“No pagan impuestos, no dan trabajo, hacen competencia desleal e incluso, ya han habido accidentes. Nos están poniendo en riesgo, no cualquier persona puede ponerse a dar clases y garantizar que la gente va a estar bien. Esto puede dejar una mala imagen para el país. Se trata de mucha responsabilidad: la vida de las personas usuarias”, declaró Miranda a La Nación.
Los 88 instructores afiliados al colectivo laboran en playas como Tamarindo, Negra, Hermosa, Avellanas, Guiones, Nosara, Santa Teresa, Jacó, Dominical, Dominicalito y Pavones, entre otras, ubicadas tanto en el Pacífico como en el Caribe. La mayoría son costarricenses, pero también hay extranjeros nacionalizados o que cuentan con la residencia y el permiso de trabajo correspondientes.
En estos lugares el surf es uno de los principales atractivos y genera cientos de empleos en sectores como el turismo, el transporte, la hotelería y la venta de artículos en tiendas.
Tiene 10 años y ya es parte de la Sele de surf de Costa Rica
El representante de la Asociación de Instructores de Surf de Tamarindo afirmó que están a la espera de que el colectivo Surfistas Locales CR obtenga su cédula jurídica para presentar las denuncias formales ante el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y las municipalidades correspondientes.
“Mucha gente local ha intentado evolucionar sus negocios desde la pandemia, hacer todo en regla. Pero este tipo de competencia desleal desvía el flujo de trabajo y estanca al local. A uno llegan y le cancelan las clases porque les salió alguien que cobra mucho menos. Esto está fuera de control, la gente termina arrollando a los demás con las tablas de surf”, criticó Miranda.
“El objetivo no es discriminar a nadie ni evitar el turismo de personas que vienen a surfear, pero tampoco que trabajen aquí pero no paguen impuestos, y toda esa plata se va del país. Es injusto desde todo punto de vista”, afirmó el representante.
Adaptar el surf a la persona, no la persona al surf
El regidor de Puntarenas y líder del sector surfista, Gerardo Zúñiga, confirmó que en el Pacífico central y sur también existe la problemática.
La situación se complica debido a que en Costa Rica no existe ninguna certificación oficial del Estado para instructores de surf. Quienes deseen acreditarse deben pagar más de $400 a la Asociación Internacional de Surf y reacreditarse cada año, sin embargo, ese diploma no tiene validez legal en el país.
“Ocurre en toda la provincia de Puntarenas; en Jacó pasó un problema de que a un instructor ilegal casi se la ahoga un alumno, y cuando vieron, el muchacho no tenía ninguna formación.
“Hace falta organización y apoyo de las entidades del gobierno y gobiernos locales, porque esto está a la libre. Un muchacho cualquiera se pone a dar una clase, y no se puede saber si sabe nadar o si sabe primeros auxilios”, declaró Zúñiga a La Nación.
El regidor fue cofundador de una de las primeras asociaciones de surf que existió en Costa Rica. Él recuerda que desde el año 2010 diversas cámaras de turismo hablaron con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para crear un módulo de certificación para instructores. Sin embargo, afirmó que nunca hubo una solución.
Zúñiga manifestó que desean retomar este esfuerzo para garantizar que solo personas con conocimientos impartan las lecciones. No obstante, el INA primero debe revisar si hay suficiente demanda para crear un programa educativo.
“Los instructores ilegales ponen en riesgo a los turistas nacionales, a los extranjeros, y dañan la reputación de las escuelas de surf que sí se encuentran a derecho. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) no ha dado directrices ni lineamientos”, concluyó.
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