El Ejecutivo y por ende, el PSOE, han bloqueado una y otra vez la tramitación en el Congreso de la proposición de ley que permitiría la jubilación anticipada para policías nacionales y guardias civiles, así como su reconocimiento como profesión de riesgo. Por enésima vez, el Ejecutivo de Pedro Sánchez solicitaba el pasado 26 de noviembre una ampliación del plazo de enmiendas para bloquear y retrasar su aprobación, con el objetivo de que no entre en vigor en enero de 2025. Y todo ello con el beneplácito del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Pero esta negativa a declararles "profesión de riesgo" se entiende mejor si tenemos en cuenta el informe que el propio Gobierno envió al Senado el pasado 4 de noviembre y en el que deja claro que "el concepto de profesión de riesgo no existe como tal ni en la regulación del régimen de la Seguridad Social ni en la propia del régimen de Clases Pasivas. Tiene su origen en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que prevé la posibilidad de rebajar la edad mínima de jubilación por real decreto y mediante coeficiente reductores para aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acuse elevados índices de morbilidad o mortalidad".
Sin embargo, en ese informe se olvidan de mencionar que el hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la jubilación anticipada cobrando el 100% de la prestación. ¿Y quién decide qué profesiones son de riesgo? El Ministerio de Trabajo, que es el encargado de elaborar esta lista de la que forman parte los trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, profesionales taurinos, bomberos, así como miembros de las policías autonómicas y locales. Sin embargo, pese a que mossos y ertzainas sí están en la lista, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, no. Tampoco aparecen los funcionarios de prisiones.
Eso sí, pese a no existir el concepto de profesión de riesgo, tal y como aseguran desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, hay un "Grupo de Trabajo que sigue trabajando" en ello. Y siguen trabajando porque, tal y como señalan desde la Confederación Española de la Policía (CEP), el Ejecutivo llevaba siete meses sin responder al requerimiento de la Cámara Alta, que aprobó una moción para que el Ejecutivo realizara las modificaciones legales pertinentes para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado gocen de la consideración de profesión de riesgo. "Como pasaban los meses sin noticias, se le ha reclamado al Gobierno que informe por escrito sobre el cumplimiento de esa moción. La respuesta, de 4 de noviembre, no puede ser más clara y escandalosa: nada", reprochan desde este sindicato policial.
"El Gobierno empieza diciendo que no existe la profesión de riesgo. Tal cual. Si eso es así, ¿por qué andan dando esa consideración a medio universo, en el que ya sólo falta por incluir a los jardineros del Palacio de La Moncloa?", denuncian (con ironía). Además, dejan claro que el denominado "Grupo de Trabajo" no es sino un "comodín del público" del ministerio que dirige Grande-Marlaska, para negarse a avanzar en su consideración como profesión de riesgo. "Cada vez que le preguntan algo, Interior recurre a él pese a que hace ya tiempo que concluyó que no se va a hacer nada que cueste dinero", matizan. Y en este punto, cabe señalar que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, avanzó en el último Consejo de la Guardia Civil que en enero habrá una reunión de Interior para tratar este asunto.
La parte final del informe tampoco ha dejado indiferente a los agentes. En un ejercicio de "autobombo", como lo califican desde la CEP, el Ejecutivo presume de haber aumentado el número de efectivos hasta conseguir "la mayor cifra de la historia". Defienden una subida del 38% de los salarios de policías y guardias civiles, "el mayor aumento retributivo en la historia de la Administración General del Estado", así como una inversión de 1.000 millones en comisarías y acuartelamientos. En definitiva, alardean en su escrito de un "esfuerzo inversor" de hasta 11.358 millones en 2023.
Y frente a las cifras del Gobierno, los hechos: policías y guardias civiles siguen sin ser considerados profesionales de riesgo, sin una jubilación digna, sin equiparación salarial con el resto de Policías autonómicas y locales y "menospreciados" en la nueva ley de Seguridad Ciudadana que les deja "a los pies de los caballos", en un momento en el que las agresiones a los agentes se antoja "intolerable". Desde la Confederación Española de la Policía critican este alarde del Gobierno: Dicen que los policías ya cobramos más que nunca. Que tenemos muchas mejores instalaciones. Y que hay más agentes en el Cuerpo que hace no sé sabe cuántos años. Después de ese ejercicio de autobombo, está todo mucho más claro. No van a darnos nada si no nos ven unidos", concluyen. . Por todo ello, desde la CEP ratifican que mantendrán el conflicto colectivo.
