El golpe del Estado-PSUV contra la soberanía popular ha destruido la ya cuestionada legitimidad y legalidad de todos los poderes constituidos. La forma como se confabularon los titulares de los poderes públicos para articular el fraude del pasado 28 de julio obliga a la nación y a su liderazgo a preparar el camino para instaurar una nueva institucionalidad de verdadera naturaleza democrática para nuestro país.
La demolición de las instituciones ha ido a la par de la división de las familias, la destrucción de la economía y de la infraestructura. La estrecha vinculación entre el desarrollo institucional de las sociedades y sus niveles de desarrollo económico y social ha sido investigada a fondo por los profesores Daron Acemoğlu, Simón Johnson y James A. Robinson, quienes acaban de obtener el premio Nobel de Economía 2024 por sus estudios sobre cómo la fortaleza de las instituciones influye en la prosperidad relativa de las naciones. Su mensaje es especialmente relevante hoy, cuando se observa un retroceso global en la calidad institucional a nivel global, pero especialmente debe llamarnos a la reflexión a los venezolanos sobre las causas que explican por qué estamos frente a una catástrofe económica y social. La tesis defendida por los ganadores del Nobel es muy clara: está demostrada la estrecha relación entre los niveles de desarrollo institucional, Estado de derecho, convivencia civilizada y los niveles de desarrollo humano. Un elevado nivel de desarrollo humano lo han logrado los países que han crecido en sus estándares de desarrollo institucional.
Nos corresponde, entonces, a todos los sectores de nuestra sociedad tener clara conciencia de esa realidad, razón por la cual es pertinente trabajar todos los días en la evaluación de esa situación, pero sobre todo en el desarrollo de una tarea pedagógica para entender su importancia, especialmente en la construcción de consensos en torno al diseño de la nueva institucionalidad y en la hoja de ruta que se debe seguir a la hora que podamos acometer tan esencial tarea.
Para lograr ese objetivo, como es lógico, debe cesar la presencia en el poder de la camarilla encabezada por Nicolás Maduro. Si la misma, basada en el uso de la fuerza y el fraude, se empeña en continuar en funciones a partir del 10 de enero, incurrirá en una usurpación de poder y convertirá su cesación en la prioridad de nuestra sociedad y por ende de su liderazgo.
Buscar su normalización o no darle la importancia que dicha usurpación tiene en la situación de precariedad existente y en los daños adicionales que provocarán, constituye una traición a nuestra esencia republicana. De modo que debemos trabajar en paralelo en el rescate de la democracia y en el plan de reinstitucionalización.
Sostengo que una vez expulsada del poder la camarilla roja debemos convocar una Asamblea Constituyente. Esa responsabilidad corresponde a toda la nación, es decir, a la globalidad de los ciudadanos que sentimos a nuestra Venezuela parte fundamental de nuestra existencia societaria. Corresponderá a Edmundo González Urrutia, como presidente legítimo del país, dictar el decreto para consultar a la ciudadanía si aprueba esa convocatoria a una Asamblea Constituyente, tal como lo establece el artículo 347 de nuestra carta magna.
Dicha norma establece textualmente lo siguiente:
“Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
En este momento histórico, más que en ningún otro en el último siglo, es urgente “transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico”. Tan importantes objetivos comienzan con una reforma de los elementos autoritarios y militaristas que tiene la vigente Constitución. Si bien el artículo citado dice: “…y redactar una nueva Constitución”, en la realidad no será una nueva Constitución, sino una reforma sustancial. En Venezuela se dictó la Constitución fundacional de la República el 21 de diciembre de 1811. A partir de esa fecha se han producido 26 reformas, las cuales han sido bautizadas como “nueva Constitución”, pero la fundamental es la que da nacimiento al Estado. De modo que el desafío está en hacer los cambios fundamentales en el orden constitucional a los fines de blindar la nueva democracia que se ha de construir y proceder a darle legitimidad al nacimiento de la nueva institucionalidad.
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