La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha expresado a la Xunta su «inquietud» ante los cambios legislativos que «obligarían a los promotores eólicos a redimensionar sus parques y destinar el 50% de la energía generada mediante contratos de largo plazo (PPAs) exclusivamente a empresas gallegas. «Esta iniciativa, incluida en el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas, podría impactar negativamente en el sector eléctrico, y en consumidores industriales y domésticos», avisa en un comunicado recogido por Ep. Incide en que entre sus consecuencias «se encuentran la posible ruptura de contratos de venta de electricidad a largo plazo (PPAs) ya suscritos, el incumplimiento de la normativa europea en materia de mercado eléctrico y la vulneración de los principios de libre competencia y libertad de empresa». «Galicia y España necesitan seguridad jurídica y este tipo de situaciones únicamente deterioran el interés de las empresas por invertir en el país y reducen el número de competidores», señala la Asociación en una carta remitida al Gobierno gallego. «Estas iniciativas seguramente conseguirán el efecto contrario a lo que se pretendía conseguir: parálisis de las inversiones, falta de competencia dentro de la región, distorsión en los mercados, laudos arbitrales y perjuicios para los consumidores», añade. En esta línea, censura que «la incertidumbre regulatoria resultante podría frenar las inversiones en proyectos renovables en la región y limitar la competencia en el mercado eléctrico, así como poner en riesgo la imagen de Galicia como un entorno atractivo para la inversión energética en el contexto nacional e internacional». La ACIE insta a la Xunta a revisar esta propuesta y se ofrece a trabajar conjuntamente para buscar fórmulas que permitan fomentar el desarrollo económico y la sostenibilidad sin comprometer los principios fundamentales del mercado energético.
