El modelo migratorio de Giorgia Meloni se abre paso y puede acabar exportándose al resto del club comunitario. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha enviado una carta a los Veintisiete en las que se compromete a presentar antes del mes de marzo una nueva legislación para agilizar los retornos. Esta normativa incluirá la posibilidad de establecer centros en terceros países desde los que proceder a las deportaciones de los migrantes a los que no se conceda asilo en el territorio comunitario, a imagen y semejanza del acuerdo suscrito entre Italia y Albania.
A pesar de que dos decisiones judiciales en Italia han paralizado estos retornos, Bruselas parece dispuesta a encontrar a la iniciativa un encaje tanto legal como económico. En su misiva, Von der Leyen, asegura que “un marco legislativo más solido será una de las principales propuestas del nuevo colegio y se presentará antes del Consejo Europeo de marzo una nueva propuesta para un nuevo enfoque común sobre retornos”. La presidenta de la Comisión Europea no da demasiadas pistas sobre cuáles pueden ser los países escogidos, pero asegura que se evitarán las denominadas devoluciones en caliente y que se respetarán los “derechos fundamentales” de los deportados.
En el texto se asegura que, para incentivar la ayuda de los retornados se dejarán claras “las consecuencias de la no colaboración, abordando así de manera efectiva la brecha entre las decisiones de retornos emitidas y los retornos reales”.
Se espera que esta carta de la Comisión Europea sea debatida en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra este jueves en la capital comunitaria. Lo cierto es que, aunque el número de llegadas ha bajado, tal y como reconoce la presidenta de la Comisión Europea en su carta, la lista de países europeos que exigen mano dura contra la inmigración ilegal está aumentando.
Un total de diecisiete países entre – entre ellos Francia, Alemania e Italia- habían pedido por carta antes de la cumbre del mes de octubre que el Ejecutivo comunitario presentara una nueva propuesta sobre los retornos de los inmigrantes ilegales, ya que consideran que el marco actual de 2008 está obsoleto y que la nueva normativa negociada hace unos meses no es suficiente.
Esta misiva solicitaba agilizar los procesos de devolución y sancionar a aquellos inmigrantes que no colaborasen en el proceso. Austria y Países Bajos lideraron la redacción de esta carta, después que en el mes de mayo quince países europeos-impulsados por Dinamarca- pidieran que la tramitación de las solicitudes de asilo se realizaran desde centros fuera de las fronteras europeas como modo de evitar las llegadas irregulares. A ese texto anterior no se unieron ni Francia ni Alemania.
España se desmarca de la iniciativa de Meloni y considera que la principal premisa debe ser evitar las llegadas de migrantes irregulares. Por eso, apuesta por seguir firmando acuerdos con terceros países para que controlen en origen los flujos migratorios. Además, nuestro país aboga por adelantar la legislación aprobada hace unos meses y cuya entrada en vigor estaba prevista en dos años.
La creación de estos centros no es la única receta que entra dentro de lo que la Unión Europea denomina “soluciones innovadoras”. La Comisión Europea también quiere establecer una lista de “los terceros países específicos que podrían ser designados como países de origen seguros y terceros países seguros” y por eso pide a la Agencia de Asilo de la UE que prepare un análisis para poder establecer un listado común de los Veintisiete que complemente la reforma del sistema de asilo que todavía no ha entrado en vigor.
Precisamente, la justicia italiana torpedeó los retornos de los migrantes retenidos en Albania por el Gobierno de Giorgia Meloni al alegar que los dos países a los que los inmigrantes iban a ser repatriados –Egipto y Bangladés- no podían ser considerados “seguros” ya que una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE exige que para que un país pueda entrar en esta categoría debe ser seguro en todo su territorio y no tan solo en una parte.
Además, Von der Leyen también promete que en e año 2025 el Ejecutivo comunitario presentará una propuesta legal sobre la digitalización de casos de retorno que abordará la interoperabilidad, el intercambio de datos y su protección. En su carta, la política alemana también recuerda que aquellos socios europeos sometidos a una “amenaza híbrida”, en relación a las oleadas migratorias provenientes de Rusia y Bielorrusia y dirigidas a los países del Este, pueden suspender el derecho de asilo y poner en marcha devoluciones en caliente, aunque “cualquier medida de este tipo debe ser proporcionada, limitada a lo estrictamente necesario, temporal y respetar los derechos fundamentales”.
