Solo falta que Félix Bolaños o María Jesús Montero salgan a comunicar que la justicia les tiene manía, que los jueces se empeñan en imputar a socialistas porque les domina una neurosis malsana contra el progreso. No sería extraño que un comité de expertos nombrado por el amo del PSOE anunciara que únicamente desde una perturbación anímica se puede acosar a Pedro Sánchez y a su entorno familiar, pobres víctimas de los que no han completado la Transición.
Esta salida no es descartable porque encaja con las cuatro agarraderas de comunicación que maneja el sanchismo para evitar la caída. La primera es desautorizar a cualquier persona que acuse a Sánchez, a su familia o a su clan político. Ocurrió con quienes presentaron denuncias sobre la presunta corrupción de Begoña Gómez. Luego le ha tocado a Víctor de Aldama.
El truco es destruir la credibilidad del emisor por sus ideas o personalidad. Para eso se le ridiculiza o se le coloca entre los «ultras». De esta manera, su mensaje no tiene validez. Esto funciona. Ha servido para que la feligresía sanchista, gracias a oírlo a políticos y periodistas del Movimiento, repita el mantra de los bulos. Cuando Aldama empezó a cantar como un cuñado en la barra libre de una boda, el argumento era que faltaba «contexto» y que «no tiene pruebas». También sirve. A esto se pueden agarrar todos aquellos votantes a los que les resulta difícil admitir que defendieron a quien no debían.
El segundo elemento de la estrategia es el acuerdo de no agresión mutua; es decir, que nadie tire de la manta, incluido Koldo, que niega la veracidad de cada palabra de Aldama. Este acuerdo permite a los presuntos corruptos, los del «cupo vasco», el «picadero» o el chaletazo, pasar por el juzgado sin decir nada que incrimine a nadie. Es la omertá siciliana de toda la vida. Esta complicidad facilita teatralizar su inocencia para salir en los informativos y medios sanchistas y reforzar el punto anterior. El mensaje es que la acusación es «inventada».
A partir de ahí se produce el tercer elemento comunicativo: la victimización de Sánchez y de su familia. El presidente vendría a ser un héroe del progreso, el feminismo y la justicia social, atacado por residuos del franquismo con el auxilio de la derecha política, judicial y mediática. Sánchez se presenta así como un mártir de la causa, que no es otra que el bienestar de los buenos españoles. Todo lo que hizo fue por nosotros, y por eso sufre. Esta victimización busca blindar socialmente a Sánchez al conseguir la empatía de la feligresía crédula para evitar el castigo en las urnas. La moraleja es que un voto a Sánchez es el pequeño auxilio que todo buen progresista puede poner para defender a su líder de los malvados jueces. Esto es un clásico de los partidos populistas.
El cuarto elemento de la estrategia sanchista, una vez desautorizado el acusador, acordado el silencio de los implicados en la corrupción, y victimizado el líder, es atacar a los jueces. En su plan, el poder judicial sería en España una anomalía que no entiende el tiempo en el que vive, al que no le importa que gobierne la coalición progresista más avanzada de la Historia. Si los jueces se resisten a perder la independencia que caracteriza a las democracias liberales, desvaría el sanchismo, es por mala fe y el poso franquista que anida en las instancias judiciales.
El problema de esta acusación es que los jueces trabajan con las pruebas que proporciona la UCO. Fuera de las milongas sanchistas, lo preocupante es que se está destapando la presunta financiación ilegal de un partido, el PSOE, que sostiene a un Gobierno que amnistía a golpistas, coloniza el Estado, cambia la Ley de seguridad ciudadana con Bildu, ataca a la prensa libre y al poder judicial de la mano de quienes quieren romper la democracia liberal y el orden constitucional.
