Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y de la Superintendencia de Pensiones (Supén), estuvo envuelta en polémicas durante los últimos cuatro años, como las diferencias “públicas y notorias” que tuvo con el Banco Central en temas como el acceso a datos de deudores sin anonimizar, la regulación fintech y, más recientemente, la implementación de los fondos generacionales en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
Además, recibió críticas por presuntas deficiencias en la supervisión por parte de diputados, Casa Presidencial y clientes afectados por las intervenciones financieras y posteriores cierres de participantes como Coopeservidores y Desyfin.
Pese a los cuestionamientos, y a los cambios de directivos en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Aguilar aseguró que deja ambos cargos por decisión propia, el próximo 31 de diciembre. Recalcó, en entrevista con La Nación el pasado 13 de diciembre, que nadie forzó su salida. A continuación, un extracto de la conversación.
― No. En lo absoluto. Ambos cargos los pude desempeñar de manera solvente. Esto fue posible, fundamentalmente, porque ambas superintendencias tienen muy buenos equipos y porque existe un apoyo constante del Consejo (Nacional de Supervisión del Sistema Financiero).
”¿Por qué nació la idea de dos superintendencias? En algún momento se pensó, y creo que debería existir, un supervisor global del sistema financiero y que sea apoyado con cuatro buenos intendentes en todos los mercados (fiscalizados).
”Ninguna de las responsabilidades en las dos superintendencias fueron descuidadas. Sí implicó un trabajo casi 24/7. Así que no creo que haya limitado el proceso de supervisión”.
Sugef sobre ‘fintech’: Banco Central debe hacer ajustes al uso de Sinpe
― No. Categóricamente afirmo que no fue un fallo del proceso de supervisión. Hay que separar que la responsabilidad en la administración es desde la entidad. Tenemos un proceso de supervisión que tiene fases de monitoreo e inspección.
”En las fases de monitoreo, tenemos la información que nos es remitida por las entidades y órganos como las auditorías. No hubo, durante todo el proceso, alguna luz que dijera que la información que nos estaban remitiendo era alterada, era información falsa.
“En los comités (de Sugef) veíamos cómo estaba la mora, la suficiencia patrimonial y todos los indicadores financieros mediante el sistema de alerta temprana. Cuando vemos desplazamientos en una entidad obviamente se profundiza. Pero aquí, lamentablemente, vimos una entidad que alteró la información y las medidas que se pudieron haber ordenado no se pudieron hacer porque la información era diferente”.
― La segunda entidad (Desyfin) tuvo una supervisión intensiva. Ya se le había ordenado un ajuste en estimaciones por el caso de la Trocha, en el 2016. Tenían que hacer las estimaciones y en lugar se fueron a un proceso contencioso y se dio una medida cautelar y lograron que no se hiciera el ajuste. Vean los años que pasaron.
”También encontramos situaciones similares (con Coopeservidores) en calidad de la cartera y habían planteados varios sistemas de capitalización porque usaban acciones preferentes. Sin embargo, la entidad hacía distribución de dividendos, pese a que la Superintendencia les decía que no podían hacerlo; les dijimos que no se les iba a computar como capital. Entonces, empezaron a presentar planes de capitalización. En dos años vi más de tres planes y ninguno de esos se cristalizó.
”En Coopeservidores, en el 2022, se les exigió un ajuste en provisiones de ¢12.000 millones, imaginamos que era el requerido. También se evaluó la calidad del gobierno corporativo y se les puso la orden de no distribuir excedentes, fue recurrido y lo ganaron".
― Nadie me ha cobrado mi permanencia, esta fue una decisión que tomé yo. Cuando vi que era el 15 de abril (el vencimiento del nombramiento) me pareció que era razonable concluir el año y que el Conassif iniciara el proceso de incorporación del nuevo supervisor.
“He de reconocer, es público y notorio, que ha habido diferencias importantes y provienen de las obligaciones legales que tengo como superintendente. En el caso de datos sin anonimizar hubo una diferencia en cuanto a la entrega y le hicimos ver al Banco Central sobre la consulta a la Procuraduría. Pero antes de salir la respuesta, el Banco Central toma la decisión de iniciar un proceso de orden penal, pero Aguilar siguió adelante.
”Hubo diferencias importantes en la independencia que tiene un órgano de desconcentración máxima como las superintendencias, y no teníamos ninguna injerencia en cuanto a si se tramitaba un servicio con el Banco Central. El dictamen de la Procuraduría fue muy claro, ahora será decisión del Conassif cómo lo va a administrar.
“El tercer elemento tiene que ver con el uso del Sinpe (Sistema Nacional de Pagos Electrónicos) por parte de las fintech. En el 2018 se inició la discusión. En el 2020 cuando ingresé no se había resuelto, entonces iniciamos las conversaciones con el Banco Central, conversamos muchas veces. Hasta que decidimos hacer la consulta a la Procuraduría. La respuesta fue muy clara y el Banco está haciendo ajustes.
― Aquí lo importante es que la política monetaria no puede interferir en la regulación prudencial. Son campos que se impactan y requieren de coordinación. De hecho, uno de los temas pendientes en la Procuraduría es la regulación que el Banco Central quiso poner a la compra de dólares de las operadoras de pensiones.
”Los fondos generacionales se aprobaron en 2023, después de consultas y discusiones. Don Róger Madrigal ya era miembro del Consejo y dijo que no estaba de acuerdo con el plazo de implementación. El tema se volvió a tocar. El Conassif no tiene la posibilidad de cambiar un acuerdo, quien tiene la iniciativa regulatoria es la Superintendencia. El Consejo dice si está de acuerdo o no, ahora no pueden venir a cambiarlo.
― Hasta el día de hoy en la cartera de proyectos no está la modificación del plazo de vigencia. Esto no quiere decir que si viene otro superintendente pueda tener una visión diferente.
“Hemos tenido conversaciones y seguimiento intenso a todo el proceso con las operadoras de pensiones. Hay una entidad que está en el 98%, lista para salir, y empieza en abril próximo.
”Se hizo un ajuste para dar un plazo de 18 meses para actualizar el portafolio de inversiones, para que las operadoras tuvieran tiempo y no salir a vender o comprar títulos para los nuevos portafolios. Muchas lo han hecho bien. Las operadoras han respondido que están listas”.
― La Ley de Protección al Trabajador tiene un límite para operaciones internacionales que es del 50%. En el país también hay operaciones en dólares. Pero ese límite se convierte en una restricción para pensar que demandarán más dólares. Eso está en función de unos objetivos y no si el Banco Central quiere una u otra cosa.
“La otra preocupación que manifestaban (en el Banco Central) es que las operadoras se iban a venir a plazos a la vista para la conformación de los fondos, pero La Nación presentó el detalle de cómo están conformadas las inversiones y nada de eso pasó”.
― El principal actor se retiró, no participó en las últimas dos sesiones. La iniciativa sigue adelante, hay una sesión el 20 de diciembre para terminar de construir la matriz de iniciativas. Para enero y febrero se quiere dar forma a esto y evaluar el producto final al que siempre aspiré, a tener uno o dos proyectos de ley.
”El tema en este campo es dramático. La presión del país de los cambios demográficos, presiones laborales y un Régimen No Contributivo que ya hizo aguas, hay 30.000 personas haciendo fila. Además, una situación actuarial del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que, en el mejor de los casos, la reserva se agota en 2047 lo cual es un espacio muy corto.
”Entonces, ¿qué vamos a hacer como país? Este no es un tema solo de pensiones, sino fiscal en cuanto a los sistemas de contribución y de salud. Hoy se financia mediante la contribución de trabajadores activos, pero serán en proporción mucho menos que la gente mayor. Es un problema serio".
